Suma y sigue en el conflicto laboral que ya ha derivado en cuatro sentencias judiciales que condenan al Concello de Baiona a incorporar trabajadores indefinidos sin oposiciones previas, con las correspondientes indemnizaciones. La secretaria personal del alcalde, Mónica Martínez, ha presentado una reclamación para exigir que se la reconozca como auxiliar administrativa indefinida no fija. Lo hizo este lunes, tras conocerse el viernes pasado el fallo judicial por el que el Ayuntamiento debe readmitir con ese mismo cargo a la otra persona contratada como personal de confianza en el gabinete de la Alcaldía, Ángeles Silva, exconcejala del PP despedida tras reclamar sus derechos laborales en los juzgados.

Las dos presentan una trayectoria laboral similar en el Concello. Martínez nunca ha formado parte de la Corporación como su compañera, pero sí está vinculada al PP y lleva doce años con el mismo tipo de contrato. La fichó el anterior regidor, Jesús Vázquez Almuiña y Rodal le renovó la confianza cuando lo sustituyó al marcharse a la Xunta como conselleiro.

Aunque rechaza realizar declaraciones al respecto, Martínez parece seguir los mismos pasos que Silva. Por el momento, su reclamación se encuentra en la vía administrativa. El gobierno municipal tiene tres meses para contestarle y todavía no ha tomado una decisión, según indicó ayer el alcalde, Ángel Rodal, quien descarta dimitir, tal y como le piden PSOE y BNG, tras la sentencia de la asesora a la que el Concello debe indemnizar con 9.000 euros por daños y perjuicios y por atrasos. "Respeto el papel de la oposición, pero yo estoy aquí para trabajar por el pueblo de Baiona y estoy indignado con este asunto", dijo.

Se desconoce si Martínez, como Silva, también recurrirá a los tribunales en caso de que el Concello desestime su reclamación, pero los trámites que ha emprendido son exactamente los mismos que los de su compañera, que sí lo hizo y eso le valió el despido, declarado nulo por el Juzgado de lo Social Número 1 de Vigo.

Esta sentencia, sumada a las tres de los becarios de hace unos meses, ha despertado también las críticas del grupo municipal de Esquerda Unida, que exigía ayer al gobierno municipal "que asuma a responsabilidade política da nefasta xestión en materia de persoal" y reclamaba que las plazas declaradas indefinidas por los juzgados se convoquen como oferta de empleo público lo antes posible "para que toda a veciñanza teña as mesmas oportunidades de acceder a un posto de traballo público".