07 de abril de 2018
07.04.2018
VAL MIÑOR

La justicia suspende la demolición de los 34 bungalós ilegales de A Ladeira

Obliga al Concello de Baiona a solicitar que se pronuncien Costas y la Xunta sobre la posibilidad de legalizarlos -Anula una multa de 1.000 euros al camping por no derribarlos

07.04.2018 | 04:55
Los bungalós de A Ladeira, declarados ilegalizables por el Ayuntamiento en 2014. // Marta G. Brea

Han pasado 17 años desde la primera orden de demolición de los 34 bungalós ilegales de A Ladeira y la justicia retrasará aún más la llegada de la piqueta, si es que finalmente no queda anulada. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo obliga al Concello de Baiona a dejar a un lado los requerimientos de derribo y a tramitar la solicitud de legalización formulada por el camping Bayona Playa, titular de las casetas. Para ello, el Ayuntamiento deberá solicitar los correspondientes informes sectoriales a Costas del Estado y a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta.

El Concello baionés declaró ilegalizables en 2014 las estructuras colocadas catorce años antes sin ningún tipo de autorización. Lo hizo porque se ubican en suelo rústico de protección de costas y espacios naturales, según el Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero los juzgados consideran ahora que el pronunciamiento municipal no es suficiente para hacerlas desaparecer.

Los propietarios del camping habían solicitado licencia para legalizar las instalaciones en 2005, año en que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hizo firme la sentencia de demolición y dio pie a otras tres órdenes municipales de derribo hasta 2014. El Ayuntamiento denegó el permiso y no llegó a resolver el recurso al respecto de la sociedad.

Y el mismo Alto Tribunal que hace 13 años declaraba ilegales los bungalós y ordenaba su demolición, instó en marzo del pasado ejercicio al Concello a dar una oportunidad a la empresa de legalizar las estructuras antes de ordenar su retirada. El Concello alegó imposibilidad legal para poner en marcha el expediente de legalización por la entrada en vigor de la Lei do Solo y la sala se ratificó porque dicha normativa indica que, en suelo rústico, deben pronunciarse los organismos competentes, en este caso Costas y Xunta.

Por todo ello, la nueva sentencia indica que "no es factible ejecutar la demolición de la instalación hasta que se resuelva en firme sobre la solicitud de legalización". Retira además la multa coercitiva de 1.000 euros que el Ayuntamiento impuso a la propiedad en noviembre de 2015 por no ejecutar el derribo, ya que "carece de cobertura jurídica".

El Concello se dispone a dar cumplimiento al fallo judicial, que no es firme y admite recurso, y ha puesto en marcha el expediente de legalización para remitirlo a las dos citadas administraciones que deben pronunciarse, según confirmó ayer el alcalde, Ángel Rodal. Serán estos organismos los que tengan la última palabra sobre el futuro de los bungalós, que fueron colocados en su día sin licencia, en suelo rústico y en plena Red Natura 2000. El gobierno municipal siempre los ha considerado legalizables por estas circunstancias, pero el regidor prefiere no hacer vaticinios ahora. "Nosotros cumplimos la sentencia y los informes serán los que determinen si finalmente hay que derribar o no", subraya.

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