A la larga lista de asuntos que mantienen enfrentados a los socios de gobierno de Gondomar se suma ahora el Plan Xeral de Ordenación Municipal, sin duda, entre los que más preocupan a los vecinos tras trece años de bloqueo urbanístico desde la anulación del documento anterior por parte del Tribunal Supremo. Desde que la multinacional china que había adquirido la empresa Eptisa, equipo redactor, anunció en septiembre el abandono de los trabajos de tramitación en 17 municipios de toda Galicia, el documento gondomarés se encuentra paralizado, según admiten las dos facciones del bipartito. La solución jurídica a la marcha de Eptisa es el motivo por el que surge esta nueva brecha política que ambas partes escenificaron ayer a través de las redes sociales y secundaron en declaraciones a este diario. El concejal de Urbanismo y portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, apuesta por ceder la redacción del documento a la empresa que ha formado el responsable del trabajo hasta ahora, el arquitecto Alfonso Botana, y asegura que el alcalde, el socialista Francisco Ferreira, se niega a firmar la cesión del contrato para evitar dar a su grupo esa "baza política". Por su parte, el regidor alega que no lo hace por "sentido común", porque los informes de Intervención y Secretaría son desfavorables.
El alcalde tiene la facultad de levantar el reparo de la interventora para sacar adelante la cesión y Araúxo, teniente de alcalde, se ofrece incluso a hacerlo él mismo si Ferreira le deja el puesto en funciones cualquier día. Pero el regidor no contempla esta solución porque insiste en que la cesión "podería levarnos a que o xulgado nos diga no futuro que o contrato é ilegal".
Así que insta a Araúxo a buscar "outras alternativas para desbloquear a situación", ya que considera que "é a súa responsabilidade". "Tén adicación exclusiva ao posto de concelleiro de Urbanismo e terá que buscar solucións. Se queren podo buscalas eu, como fixen coa praza de abastos ou co polígono da Pasaxe, pero entón que non me acusen de intromisións nas súas áreas", argumentó. Puso como ejemplo el Concello de Vilagarcía, que se encontró en la misma situación "e optou por empezar de novo con outra empresa". Y añadió que en Gondomar "realmente hai que empezar de novo".
224.000 euros en riesgo
El informe de intervención indica que la cesión no es posible porque el contrato ha caducado. El Concello lo firmó en 2010 por un plazo exprés de 18 meses, después de que la Xunta concediese en 2008 una subvención de 224.000 euros para llevarlo a cabo. El Ejecutivo gallego no lo considera extinto, de hecno ha renovado la partida económica cada año desde entonces y ahora, cuando cumple una década sin utilizarse, la ayuda está en peligro.
Por eso Araúxo insiste en la necesidad de avanzar. A su juicio, el informe del secretario no es desfavorable. Y además recalca que existe otra evaluación que su departamento encargó a la Universidade da Coruña que avala la operación "ao 100%". "Está nas mans do alcalde seguir adiante ou botar abaixo todo o que se leva feito", dice.
Presión vecinal
Hasta ahora, solo hay un borrador al que se han presentado más de 600 sugerencias ya valoradas para corregirlo y tramitar el documento para la aprobación inicial. Ferreira recalca en que no tiene interés en paralizarlo, pero tampoco quiere "présas" porque "a cesión non tén garantía xurídica".
Mientras tanto, la presión vecinal arranca. Se han abierto una recogida de firmas virtual para exigir la aprobación del plan a través de la plataforma Change.org y un grupo de Facebook en la misma dirección.
