Hace un año que la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta ordenó el derribo de siete viviendas en el municipio de Gondomar por incumplir la normativa urbanística y sus propietarios se enfrentan ahora a sendos procesos penales en los tribunales. El más avanzado se encuentra ya en fase de juicio oral. Se trata del proceso contra el propietario de una casa en la parroquia de Morgadáns. La Fiscalía lo acusa de un delito contra la ordenación del territorio por construir sin licencia en suelo rústico entre 2011 y 2014 y solicita una condena de dos años de prisión y 5.400 euros de multa, además de la demolición de la obra. La vista, prevista ayer en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo, quedó aplazada hasta marzo al no comparecer por enfermedad el arquitecto municipal, citado como testigo.
La vivienda en cuestión se encuentra en el núcleo de Campo Grande, el primero que la Oficina de Urbanismo del Concello de Gondomar ha delimitado en el marco de un plan de actualización de áreas rurales puesto en marcha para legalizar las casas con orden de demolición de la Xunta en tanto no se apruebe el Plan Xeral de Ordenación Municipal, anulado por el Tribunal Supremo en 2005 y en fase de avance en la actualidad.
El plan específico para esta área de la parroquia de Morgadáns ha sido aprobado el pasado 27 de enero en pleno y su entrada en vigor tan solo está pendiente del visto bueno del Gobierno gallego, que tiene un plazo de tres meses para pronunciarse.
"Es legalizable, no hay delito"
El documento figura ya en la causa cuyo juicio quedó suspendido ayer. El abogado de la defensa, José Molina, lo ha aportado como prueba de que la vivienda "es totalmente legalizable, por lo que no hay delito", según explica. Reclamará así la libre absolución de su cliente que, asegura, había iniciado los trámites para solicitar el permiso de construcción ya en 2007 y comenzó las obras "con el consentimiento verbal" de los gobernantes de aquel momento.
El letrado defiende además a otro propietario en similar situación en el mismo núcleo de Campo Grande, aunque su caso todavía se encuentra en fase de instrucción, a la espera de que el fiscal formule acusación y solicite apertura de juicio oral si así lo considera.
En esta misma zona de Morgadáns existe otra vivienda con amenaza de piqueta y proceso judicial abierto. En dicha parroquia hay otros tres casos, uno en San Roque y dos en A Carballa. La séptima vivienda en situación semejante se encuentra en el barrio de Penalba, en Mañufe.
Sus responsables se enfrentan a las investigaciones judiciales a raíz de las querellas criminales presentadas por la Fiscalía tras investigar en los últimos meses los expedientes que la APLU le ha enviado por considerarlos autores de delitos penales, después de decretar la demolición de sus edificaciones por la vía administrativa.
