La grúa municipal de Nigrán vuelve a ser pública. Dos operarios municipales se turnan desde esta misma semana para manejarla y retirar los vehículos mal estacionados a requerimiento de la Policía Local. El gobierno local ha decidido retomar su gestión directa para poner fin a las irregularidades que investiga la juez en relación a su privatización en los últimos tres años. La titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo imputa sendos delitos de prevaricación al anterior alcalde, el popular Alberto Valverde, y al funcionario jefe del departamento de Contratación, Álvaro Reinaldo, por supuestos contratos a dedo y presuntos encargos verbales. Ambos han prestado ya declaración en los juzgados vigueses y se encuentran a la espera de que la magistrada decida abrir juicio oral o archivar la causa.
El gobierno nigranense trató de sacar a concurso el servicio para legalizarlo. Tras dos ofertas públicas desiertas el pasado verano, el Concello inició los trámites para una licitación por dos años. Pero los pasos administrativos que requiere esta fórmula "aprazarían a regularización polo menos tres meses", explicó ayer la concejala de Economía e Facenda, Contratación e Emprego, Raquel Giráldez, que pretendía garantizar la legalidad con la mayor celeridad.
La decisión de remunicipalizar la grúa es provisional, según señala la edil. "É posible que saquemos un concurso a longo prazo, pero polo momento o servizo será público".
El exregidor Alberto Valverde lo privatizó en septiembre de 2012. A raíz de una denuncia de la Fiscalía, la juez le atribuye el fraccionamiento del primer contrato, firmado por 17.990 euros con una empresa de Baiona, para evitar su tramitación por la vía del concurso público. Y es que la adjudicación excluía los enganches de vehículos realizados los domingos o fuera del horario de trabajo de la compañía, cuyos importes superan los 6.000 euros que, sumados a los del concierto con la concesionaria, sobrepasarían con creces la barrera de los 18.000 euros que fija la normativa para licitar el servicio. Le achaca también la adjudicación a dedo del segundo contrato -rubricado en 2013 por tres meses y 6.348,94 euros con la misma compañía- .
La investigación considera asimismo al exalcalde y al funcionario responsables de un presunto sistema de encargos verbales, prohibidos por ley, desde enero de 2014 a diversas compañías del sector y a través de una especie de vales que permiten eludir la fiscalización previa. La Policía Local requería a cualquier empresa la retirada de vehículos y estos negocios facturaban después mediante dichos talones. Un modo de proceder que permaneció vigente hasta hace una semana en el Ayuntamiento.
