El Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo ha abierto diligencias contra el anterior alcalde de Nigrán, el popular Alberto Valverde, por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la adjudicación del servicio municipal de grúa. Así lo confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El proceso, que afecta también a un funcionario municipal, arranca tras admitir la magistrada a trámite una denuncia de la Fiscalía, que ve indicios del citado ilícito penal tras recibir una demanda del portavoz de Unión Centrista de Nigrán (UCN), Antonio Fernández Comesaña.
La investigación está en marcha desde hace unas semanas, según indican fuentes del Alto Tribunal gallego, aunque la juez todavía no ha concretado fechas para tomar declaración a los encausados ni tampoco a los testigos. La denuncia cursada por el fiscal tiene fecha del 25 de mayo, el día siguiente a las recientes elecciones municipales.
La Fiscalía insta a la magistrada a citar en calidad de imputados tanto a Valverde como al jefe del departamento municipal de Contratación, Álvaro Reinaldo Soto. Considera probado que ambos infringieron la normativa estatal de contratos públicos en varias ocasiones y por diversos motivos.
Desde 2012
Valverde adjudicó el servicio a la firma baionesa Miranda Costas S.L. en dos ocasiones. La primera el 12 de septiembre de 2012, a través de un contrato menor de carácter anual, tras solicitar presupuestos a varias empresas. Lo hizo por 17.990 euros, 10 menos de los 18.000 que fija la normativa para considerar el servicio objeto de un contrato sujeto a licitación pública, abierto a las ofertas de cualquier compañía. Las propuestas presentadas al Ayuntamiento advertían de que el precio solo incluía la actuación en horario ordinario -de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00-. Los servicios realizados fuera de esas horas se facturarían a 40 euros más IVA por enganche y transporte al depósito municipal y a 20 solo por el enganche. El interventor municipal advirtió de que estos trabajos extra podrían suponer un fraccionamiento del contrato para reducir el importe y evitar la oferta pública. Lo que vulneraría la Ley de Contratos del Sector Público, como también afirma el fiscal. Pero el exalcalde hizo caso omiso a estos avisos y excluyendo los servicios extraordinarios. Unos trabajos que, a juicio del fiscal, se ofrecen en virtud de un encargo verbal, expresamente prohibido por ley en la administración pública.
En este sentido, el ministerio público hace hincapié en que, en ese primer año, los enganches extra ascendieron a 6.151,82 euros, cantidad que, sumada a los 17.990 del contrato, superaría el mínimo exigido para tramitar la adjudicación por la vía de la licitación pública.
Pasados los doce meses del primer contrato, el alcalde volvió a adjudicar la prestación a la misma empresa. Esta vez, durante tres meses y por 6.348,94 euros -el mismo precio mensual- y, según la denuncia de la fiscalía, sin que conste que se solicitaran otras ofertas o se publicitara el objeto de la contratación. Tanto el informe del interventor como la argumentación de la fiscalía sostienen que existe una nueva infracción de la normativa, que establece que "los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga". Para el fiscal, estos tres meses supondrían prorrogar el anterior contrato.
Sistema de vales
La actuación más grave por parte del exregidor, según el relato fiscal, se produce desde enero de 2014 hasta la actualidad. Al parecer, la retirada de vehículos se realiza desde entonces a demanda. La Policía Local requiere a la empresa que considera oportuno y esta factura su intervención, sin autorización previa de los gastos.
En esta parte interviene el también procesado Álvaro Reinaldo Soto. Según considera el ministerio público, Valverde ha contado con su autorización y beneplácito. El mismo técnico municipal, argumenta el fiscal, puso en marcha un protocolo interno para la tramitación de los contratos menores en el Concello, que altera de facto la ley. Un sistema que simplifica la contratación para servicios de entre 540 y 1.000 euros y que recoge también una especie de vales a presentar en el departamento de Intervención para los trabajos de menos de 540 euros y que obvia la presentación de presupuesto previo.
"Estoy tranquilo. Los informes técnicos avalan el sistema, que abarató los costes más de un 50%"
- "Aclararemos todo ante la juez. No hay nada raro. Estoy tranquilo", manifestó ayer Alberto Valverde. El exalcalde popular declaró en abril ante el fiscal y asegura que los técnicos municipales respaldan su gestión en este asunto. "Presentamos ante la Fiscalía informes de Intervención, Contratación y del Jefe de la Policía que avalan el sistema", recalca. Destaca que "no hubo fraccionamiento del contrato" porque en cuanto finalizó el primero se volvieron a solicitar ofertas por parte de varias empresas. Recuerda asimismo, que este procedimiento "ha logrado abaratar los costes del servicio de grúa en más de un 50%". De hecho, recalca, "sigue utilizándose en la actualidad", dos meses después del cambio de gobierno. Antes de la primera contratación, eran dos operarios de Vías y Obras los que prestaban el servicio, a cambio de un complemento de productividad mensual y desatendiendo, en ocasiones, sus principales tareas. "Lo que conseguimos fue un sistema más asequible, operativo y eficaz", añade.
