El exportavoz del BNG de Ponteareas, retirado de la política activa en 2009, Roberto Mera, ha denunciado a título particular al alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla y al cura de Guillade, José Carlos Pérez, por presuntos delitos de prevaricación, contra el ordenamiento del territorio y contra el patrimonio artístico, así como por un delito de desobediencia. La denuncia fue interpuesta en los juzgados de Ponteareas y guarda relación con las obras ejecutadas en el atrio de Guillade sin licencia municipal ni permiso de Patrimonio.
El BNG se ha hecho eco de esta denuncia y explica que los hechos denunciados se remontan a agosto de 2003 cuando Mera, entonces regidor en funciones, ordenó la paralización de las obras iniciadas en Guillade que consistían en el levantamiento de un conjunto funerario del siglo XVIII en el atrio de la iglesia.
Tras la moción de censura que llevó a Solla a la Alcaldía, el cura reinició las obras aplicando hormigón en el atrio y pavimentándolo con piedra nueva.
En la denuncia, Mera advierte que el expediente que él mismo abrió en 2003 fue retrasado deliberadamente por el alcalde hasta 2008, cuando se ordenó al cura demoler las obras y volver a colocar el conjunto funerario, además de una multa de 300 euros.
Cuatro años después de esa orden, ni el cura la cumplió ni Solla hizo cumplir la orden y el pago de la multa, dejando pasar el tiempo "con la intención de que la infracción prescribiese", aseguran desde el BNG.
En diciembre de 2011, Roberto Mera solicitó al alcalde la demolición de las obras por parte del propio Concello. El asesor jurídico municipal informó a Solla que se debía atender la petición de Mera, pero Solla, según el BNG, hizo caso omiso al asesor jurídico y volvió a darle un nuevo plazo de un mes al cura, imponiendo una sanción de 300 euros, cuando la ley establece como mínimo 1.000 euros.
Transcurrido el mes, el cura no cumplió la orden ni pagó multa alguna y a pesar de las nuevas peticiones realizadas por Mera en febrero, abril y mayo de 2012, el alcalde no tomó ninguna decisión ni hizo cumplir la orden.
En la denuncia, Mera argumenta que Solla, incumpliendo la ley "está favoreciendo al infractor y cometiendo un delito de prevaricación". En cuanto al sacerdote, la acusación es por un delito de desobediencia, al llevar más de cuatro años incumpliendo las órdenes de demolición, y un delito contra el patrimonio artístico.
Por su parte, Solla asegura que el Concello abrió un expediente de reposición y sancionador al respecto, y que si Roberto Mera quiere, que siga con este caso por vía judicial.
