La Unión Europea y Turquía han suscrito un acuerdo para retornar a los refugiados que han cruzado las fronteras de la Unión. A nadie se le escapa, incluidas las instituciones sociales, laicas y religiosas, que el fenómeno es complejo. Precisamente porque lo es, las medidas no pueden ser meramente defensivas o punitivas. Europa se está comportando como si de un Estado de excepción se tratara, aunque sin reconocerlo. La suspensión de hecho de la normativa europea es una muestra de ello. Confer, Caritas, Justicia y Paz, entre otras, lo han denunciado. No se puede ignorar el drama de los refugiados ni aceptar con fatalismo que no hay más remedio que expulsarles a una tierra de nadie.
