La Fegamp pide a la Xunta que se encargue de la documentación de los concellos como “zonas tensionadas”

El Concello de Vilagarcía está valorando solicitar la declaración de “zona tensionada” para poder limitar el precio de los alquileres en la ciudad, pero todavía no ha tomado ninguna decisión. “Todavía es muy pronto para dar una respuesta definitiva sobre lo que haremos”, afirmaban ayer fuentes municipales.

Y es que para pedir esa declaración –arguyen desde Ravella– “hay que reunir una serie de requisitos que solo se pueden conocer en base a unos estudios muy específicos y a unos datos de los que la inmensa mayoría de los concellos carecen”.

Desde el Concello admiten que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) elaboró un estudio en este sentido, por lo que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) que preside el alcalde vilagarciano se lo pedirá a la Xunta para que los ayuntamientos puedan ver cuáles de ellos estarían en condiciones de solicitar la declaración de “zona tensionada”.

"Un embrollo"

Además, la Fegamp también reclamará al Gobierno autonómico que sea el que prepare la documentación de las entidades locales, ya que “es todo un embrollo para las que no disponen de medios”.

Fuentes municipales aclaran que así lo establece expresamente la propia Lei de Vivenda por “ser la administración [autonómica] competente en materia de vivienda”.

El gobierno de Vilagarcía esperará a ver qué responde la Xunta a las peticiones de la Fegamp para facilitar que los concellos conozcan si cumplen los requisitos y, de ser así, para elaborar la documentación.

Ocho concellos de O Salnés y Ullán

Según el informe publicado por el Observatorio da Vivenda de Galicia a finales de 2023, ocho municipios de O Salnés y Ullán estarían en condiciones de solicitar la declaración de “zona tensionada”. Serían Vilagarcía, Vilanova, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, A Illa y Valga.

Ocho de los doce municipios de O Salnés y Ullán podrían limitar el precio de los alquileres

Los concellos deben de cumplir alguno de estos dos requisitos: que la carga media de la hipoteca o del alquiler en la economía familiar más suministros básicos supere el 30% de los ingresos del hogar o que el precio del arrendamiento haya sufrido en los cinco años previos un crecimiento acumulado superior al menos tres puntos porcentuales al incremento del IPC.

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