Bomberos y administración se intercambian acusaciones tras los disturbios de Ourense
Un trabajador de Barbanza está ingresado por una fractura de nariz y pómulo
![Fachada de la Diputación de Ourense, tras el altercado. | // BRAIS LORENZO](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/15f1624c-fec3-482f-a137-1b0748f2ab4d_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
Fachada de la Diputación de Ourense, tras el altercado. | // BRAIS LORENZO / A.M.
A.M.
Los bomberos comarcales de Galicia y las administraciones públicas cruzaron ayer reproches tras los violentos altercados de Ourense, que se saldaron con varios bomberos y policías heridos. Uno de los trabajadores del servicio contra incendios, adscrito a la comarca de O Barbanza, permanecía ayer ingresado en un hospital de Ourense, a la espera de ser operado por las fracturas de nariz y pómulo que sufrió a consecuencia presuntamente de la acción policial.
Los bomberos culpan a la Xunta de Galicia y a las diputaciones del escenario al que se ha llegado, pues le reprochan que desde que empezó la huelga, el 15 de junio, se han limitado –según ellos– a dar largas a los trabajadores, hasta el extremo de que incluso les anularon un domingo por la noche una reunión prevista para el lunes.
Los bomberos también censuran la actuación de los “antidisturbios” de la Policía Nacional, a los que acusan de golpearlos “con contundencia” a la altura de la cabeza, y de arriba hacia abajo, causando heridas y lesiones a varios manifestantes. Sobre el presunto lanzallamas utilizado por ellos durante la concentración, los bomberos sostienen que se trataba de un insecticida, cuyo material se inflamó durante la eyección, pero que en ningún momento llegó a los policías.
Mientras, la Fegamp, la Xunta de Galicia y las diputaciones –instituciones todas ellas gobernadas por el PP o el PSOE– emitieron ayer un comunicado en el que condenan el uso de la violencia por parte de los bomberos y aplauden “la actuación responsable” de la Policía Nacional. Las entidades políticas sostienen que los bomberos tienen derecho a reclamar mejoras laborales, pero les conminan a “retomar la vía del diálogo”.
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