La inestabilidad se apodera de los guardiaciviles trasladados al puesto de Vilanova

Los vilagarcianos que precisen interponer una denuncia ante la Guardia Civil tienen que acudir sin remisión a Vilanova de Arousa donde se encuentra el puesto al que hace ya un año se han desplazado los agentes de seguridad ciudadana, un polémico acuerdo que de facto sigue sin figurar en el Boletín Oficial del Estado.

El problema resulta especialmente gravoso para los agentes afectados por un cambio de sede que en cierto modo se realizó por la puerta de atrás, en tanto que no se consultó el modelo con los representantes de los funcionarios que han encendido las alarmas por la incertidumbre que afecta a una plantilla que debe desplazarse a la localidad vilanovesa aunque sigue adscrita al cuartel de Vilagarcía.

Portavoces de la AUGC denuncian que los guardiaciviles de Vilagarcía “llevan un año esperando su reubicación tras el comunicado del traslado del puesto de la población de Vilagarcía de Arousa a la de Vilanova”.

Y ello, explican, supone un grave trastorno a una quincena de familias que viven en un “limbo” al no saber si permanecerán en su plaza o van a ser reubicados en otros cuarteles como los de Cambados, Catoira, Caldas o Cuntis aunque su destino tenga la consideración de preferente.

Larga trayectoria

Explican que son familias de agentes con una larga hoja de servicios. “Todos llevan más de diez años asignados al puesto de Vilagarcía, lugar en el que han formalizado sus hipotecas, en el que tienen a sus hijos estudiando, en la que, en suma, tienen un especial vínculo”, subrayan en fuentes sindicales..

Agregan que esta “falta de transparencia y comunicación, genera ansiedad y estrés entre los trabajadores afectados, lo que evidencia que es de vital importancia que los guardiaciviles afectados reciban información oportuna sobre sus opciones para considerar posibles soluciones para aquellos que se enfrenten a dificultades debido a la reubicación”.

Respaldo sindical

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) afirma que en este caso quiere desempeñar un papel crucial “al abogar por los derechos e intereses de los miembros de la Guardia Civil y por una mayor participación de las asociaciones en las decisiones de la administración”. En este sentido indican que la reorganización de las unidades y la creación de nuevas opciones para los miembros afectados “son aspectos importantes que deben ser discutidos y planificados de manera transparente y justa”.

Resaltan que, de todas maneras, al haber pasado un año desde el traslado “ha habido tiempo suficiente para informar a los afectados por esta reorganización y, sobre todo, para indicarles cuáles son sus opciones respecto a los destinos”.

Transparencia

En la misma línea, dicen, “es fundamental que se promueva el diálogo y la colaboración entre la administración y las asociaciones para asegurarse de que las decisiones tomadas beneficien tanto a los miembros del instituto armado como a la sociedad en general”. Piden asimismo que se reconozcan los “derechos sindicales” de las asociaciones para que puedan desempeñar un papel más activo en este tipo de decisiones.

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