El grupo de gobierno de A Illa arremetió ayer contra la Xunta de Galicia por haber excluido al municipio del presupuesto para el año 2023, al no haber destinado un solo euro de inversión, lo que supone “una auténtica discriminación al no existir una distribución equitativa y justa del dinero público”. Una de las cuestiones que afean a la Xunta es la ausencia de una partida para asfaltar la carretera de acceso a A Illa, por la que circulan diariamente más de 4.000 vehículos y cuya reparación fue reclamada por el alcalde, Carlos Iglesias, sin obtener respuesta alguna. Iglesias recuerda que la presión del tráfico en esta carretera, de la que forma parte el puente, “se ha visto incrementada este verano por la llegada masiva de turistas y usuarios de las playas arousanas”.
La ausencia de esta inversión es más grave “toda vez que la Consellería de Infraestruturas dispone desde el mes de mayo de un acuerdo plenario en el que la corporación acordó exigir a la Xunta que hiciese efectiva la reposición del firme, en avanzado estado de deterioro, poniendo en peligro la seguridad viaria”.
El gobierno local insta a la Xunta a asumir “sus competencias en materia de movilidad, infraestructuras y seguridad viaria para mejorar el entorno y abandonar la arbitrariedad en aras de una mejor cohesión del territorio”. Insisten en el “maltrato al que la Xunta del Partido Popular imparte el puente de A Illa, olvidando sistemáticamente la conservación de la PO-307 en el tramo insular”, mientras en Vilanova ha acometido obras, como la mejora del firme y la construcción de un carril bici y senda peatonal, mientras que la del puente de A Illa languidece desde hace años sin apenas mantenimiento.
No es la primera vez que el Concello y la Xunta entran en conflicto por la PO-307 y su falta de cuidados. Un ejemplo de ello fue la rotonda en la que confluyen este vial y el acceso directo al muelle de O Xufre, donde ambas administraciones se enfrentaron por sus cuidados hasta que la Xunta decidió traspasar su titularidad al Concello.
