El Puerto de Vilagarcía ha suscrito un convenio con la Abogacía del Estado por importe de más de diez mil euros (10.404) anuales –sin IVA– por el que prestarán asistencia jurídica en todos aquellos procedimientos ajenos a las administraciones públicas.
El nuevo servicio comenzará a ser efectivo a partir del próximo 4 de abril, cuando vence y se liquidan las condiciones del anterior firmado en 2018 con objetivos similares.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de la Abogacía, solo se ofrecerá cuando no exista “contraposición entre los intereses de la Autoridad Portuaria, del Estado o sus Organismos Autónomos”, se explica en el texto del acuerdo que acaban de rubricar la directora del Servicio Jurídico del Estado Consuelo Castro Rey y el presidente del puerto vilagarciano José Manuel Cores Tourís.
En dicho texto se subraya que la Abogacía General “designará uno o más Abogados del Estado en activo para que intervengan como coordinadores de la asistencia jurídica convenida tanto en los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos”.
De ahí que también se incluya la cláusula por la cual se posibilita que la Autoridad Portuaria designe a uno de estos profesionales como “vocal o secretario del Consejo de Administración del Puerto”, de modo que se le facilita el conocimiento de los asuntos desde el primer momento y de primera mano.
Si esta fuera la decisión que adopte la Autoridad Portuaria también se establece que el profesional designado para dichas funciones “percibirá idéntica cantidad a la fijada para el resto de los miembros del Consejo de Administración, que será abonada por la Autoridad Portuaria con cargo a su presupuesto”.
Además su actuación se amplía a la defensa de los intereses del Puerto de Vilagarcía frente a terceros pero, como se explica en el convenio, la función de estos profesionales también son de asesoramiento y representación.
Cuando colisionen los intereses de la Administración, el Puerto podrá también contar con abogado y procurador particular para aquellos procedimientos comunes. Es más se explica en el convenio que “se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica de la Abogacía del Estado para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la entidad convenida comparezca o se dirija al órgano judicial mediante cualquier otra representación.
