La lucha que mantienen los trabajadores interinos de la administración para que se reconozcan sus derechos sigue peleándose en Europa. El colectivo Empleados Públicos en Abuso (EPA) ha decidido presentar una denuncia en el Parlamento contra la “inacción” de la Comisión Europea en este tema ya que esta última institución es la encargada de obligar a los Estados miembros al cumplimiento de las normativas vigentes. Desde 1999 existe una directiva europea, relativa a un acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que obligaría a las administraciones a acabar con la temporalidad de muchos de sus trabajadores y convertirlos en personal fijo.
La denuncia es el último paso de una serie de gestiones que ha llevado a cabo la EPA en colaboración con el despacho de abogados Navas & Cusí, especializado en derecho europeo, para dar a conocer la situación en la que se encuentran los trabajadores interinos en España, donde se lleva incumpliendo la normativa europea desde hace veinte años. Antes ya se había elevado una pregunta al Parlamento Europeo y se han presentado reclamaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sentencias en contra de España por sus políticas de empleo público, unas circunstancias que, si no se corrigen, van a derivar en sanciones económicas.
Rodríguez destaca que todas estas acciones no van a ser la últimas, “tenemos varias preparadas para reclamar que se acabe con esta situación que el personal interino viene sufriendo desde hace ya más de veinte años”.
La vilanovesa lamenta que en España tanto gobiernos de diferente color político como los sindicatos, e incluso la judicatura, “estén empeñados en no cumplir las directrices europeas, es algo que no sabemos a qué obedece”, e incluso incide en el hecho de que representantes sindicales como Pepe Álvarez, de UGT y vicepresidente de la Confederación de Sindicatos Europeos, “actúe en España de forma contraria a lo que fijan los estatutos de esta entidad”.
Abuso de la temporalidad
Desde Empleados Públicos en Abuso no dudan en destacar el hecho de que hay colectivos en la administración pública donde la temporalidad puede alcanzar cifras del 95% del total de trabajadores. Un ejemplo de esta situación sería el personal del Consorcio de Igualdade e Benestar de la Xunta de Galicia, donde se gestionan los centros de Galiña Azul y de atención a la tercera edad, en los que la temporalidad acostumbra a ser una marca. El objetivo es acabar con este tipo de situaciones y luchar por la estabilidad laboral que se le exige al sector privado pero que la administración incumple de forma habitual.
