Señor Alcalde de Vilagarcía de Arousa, somos un grupo de ciudadanos, arquitectos, artistas, vecinos, estudiantes y empresarios. Enviamos esta carta para poner de manifiesto nuestra repulsa a la iniciativa municipal de realizar una innecesaria biblioteca en el local del Liceo Casino, con la consiguiente destrucción de esta sede social. En este artículo recurrimos a la voluntad de buen gobierno, al sistema legislativo vigente y, sobre todo, al sentido común para motivar la oposición a la consecución de dicho proyecto.
Según la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Artículo 24, la alcaldía debe “facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta (...)” A pesar de dicha prerrogativa, tanto la comunidad de vecinos del Edificio Casino como los jóvenes de Arousa Moza, afectados directamente por la obra en cuestión, se han enterado de la noticia a través de la prensa local. Ninguna de las partes afectadas ha recibido notificación directa por parte de la Alcaldía que, además, ha obviado la consiguiente participación ciudadana.
Arousa Moza es la asociación juvenil que ocupa el espacio del Liceo Casino. Cuando el proyecto de biblioteca fue aprobado, el Alcalde les envió una fría orden de desahucio, informándoles que debían abandonar el local en un plazo máximo de dos meses. En el Artículo 105, apartado a) de la Constitución Española se especifica que “La ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas (…)”. Para aclarar y negociar el asunto del desahucio, Arousa Moza ha solicitado entrevistarse con el Alcalde en múltiples ocasiones, pero éste los ha ignorado reiterativamente, en los últimos cuatro años no los ha recibido ni una sola vez.
En el Artículo 48 de la Constitución Española se especifica que “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural (…)”. Gracias a su actividad, Arousa Moza fue recibida en Jordania por el Ministro de Educación y Medios, y en Constanza -Rumanía- por el “major” de la ciudad. Pero el Alcalde de Vilagarcía, del pueblo donde residen, los ignora, no los atiende en un caso de urgencia como lo es su desalojo, ni les ha brindado una alternativa para proseguir con sus actividades en otro local, ni tampoco les ha ofrecido algún tipo de compensación por la inversión que Arousa Moza ha ejecutado en el Liceo Casino durante los últimos años. Estos jóvenes, por iniciativa propia, han gestionando la reparación del escenario, adecuando enteramente el espacio, comprando mobiliario y futbolines, pagado un alquiler, gastos que han abonado de forma privada y con alguna que otra subvención pública. Durante el pasado estado de alarma, la Alcaldía recurrió al voluntariado de Arousa Moza para, entre otras iniciativas, prestar ayuda a gente mayor que vivía sola, llevándoles comida y medicinas a sus domicilios. Ahora que Arousa Moza necesita de su Alcalde, éste los desprecia con el juego del gato y el ratón, del papeleo y el desgaste más vil.
Para ejecutar la construcción de esta biblioteca, el Alcalde sigue a piñón fijo con su iniciativa y sin escuchar a nadie. La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, artículo séptimo, especifica que “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, (…), o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.” La Alcaldía no ha dado cuenta de las obras a la comunidad de vecinos del Edifico Casino, más siendo un proyecto de “obra mayor”, por cambio de uso y modificación de la estructura: se abrirán forjados para nuevos accesos y ascensores, se demolerá la tabiquería interior con función estructural parcial por el asentamiento de los años. Cuando un propietario –en este caso la municipalidad- desea ejecutar una obra de esta envergadura, es mandatorio convocar a la comunidad de vecinos para informarles del proyecto, aportando documentación técnica y planos, con el fin de consensuar la aprobación mayoritaria de todos los propietarios, sin la cual la obra no podrá ser ejecutada. Pero la Alcaldía, que se otorga a sí misma licencias y prerrogativas, ha ninguneado de nuevo la legislación vigente, la opinión del ciudadano y la seguridad de un edificio de 8 plantas. Las obras suponen un riesgo a la estabilidad de una construcción que tiene más de 50 años, ya que la actuación es en la planta baja, el área más vulnerable del edificio a nivel estructural.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, Subsección 5ª Diálogo competitivo, Artículo 172, especifica que “cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a un anuncio de licitación (…)”. Arquitectos y ciudadanos de la villa no tienen constancia de que la obra de la nueva biblioteca haya salido a concurso, situación que habría servido para escoger la mejor propuesta arquitectónica, sino que ha sido adjudicada a dedo. Con un concurso público no sólo se habría asegurado la transparencia de licitación, sino que se habría podido desarrollar un estudio de viabilidad, para constatar si el local del antiguo Liceo Casino es el lugar más idóneo para la construcción de una nueva biblioteca. Según el Ayuntamiento el traslado resolvería los dos problemas principales que aquejan a las instalaciones de Rey Daviña: la falta de espacio y la convivencia acústica con otras dependencias. Pero ninguno de estos dos problemas serán resueltos con el nuevo proyecto: el espacio de la biblioteca siempre estará limitado a la superficie en planta del edificio, sin posibilidad de expansión o crecimiento futuro; y no se asegura la acústica y silencio necesario, debido a la proximidad de las 60 viviendas del Edificio Casino y por ubicarse en las cercanías de la vía pública. Sería más razonable construir una biblioteca de obra nueva en planta baja, con jardines anexos, o ubicarla en el Auditorio, que promover una remodelación en un local con un uso previo, imprescindible y necesario, como lo es el Liceo Casino, única sede social para actividades juveniles y de la tercera edad en una población de más de 40.000 habitantes.
Para financiar este proyecto la municipalidad ha recurrido a Reacpon, el programa extraordinario creado por la Diputación para la recuperación post-covid. Estos fondos públicos de urgencia están teóricamente destinados para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos, en especial de la hostelería y comercio local, que se han visto perjudicados de primera mano por la repercusión de la pandemia, no en satisfacer el capricho de un alcalde y el beneficio económico de unas cuantas empresas y técnicos relacionados con la materialización de un proyecto que no tiene razón de ser.
La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 21, propone “dentro del Pleno las declaraciones de lesividad. Esto quiere decir, que como entidad administrativa puede identificar que algún acto previamente dictado por el Ayuntamiento es nocivo para el Municipio, lo que implica la anulación de la iniciativa”. Exigimos al señor Alcalde a que realice un pleno especial para explicar extensamente el proyecto de la biblioteca a los ciudadanos directamente afectados -propietarios, asociaciones, hosteleros-, abrir turno de preguntas y respuestas, redactar un sumario de la reunión y realizar una votación pública posterior para validar o invalidar su iniciativa. Un líder político en democracia escucha, no impone, debe atender los intereses de la mayoría, para eso fue elegido en las urnas.
*David Blanco es cineasta y arquitecto
