El dinero de los peajes cobrados supuestamente de forma indebida en la AP-9 será de difícil recuperación por parte de los usuarios aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirme que se incumplió la normativa comunitaria al prorrogar la concesión a Audasa sin sacarla a licitación pública, según avanzó ayer el secretario de Infraestructuras del Ministerio de Transportes Sergio Vázquez. La pretensión que persigue la asociación de consumidores viguesa En Colectivo, que denunció la situación irregular en Bruselas, resulta más complicada de lo que inicialmente podría parecer, según expuso Sergio Vázquez en una entrevista en la Cadena SER.
“Ahí hay una serie de transacciones que todos han consolidado; unos derechos sobre la concesión, por lo tanto resultaría bastante complicado llegar a ese punto”, aseveró al ser preguntado por la devolución de los peajes cobrados desde 2013. “Las cosas no son tan sencillas. Aquí, por supuesto, hay que proteger el interés público y el del Estado, también el de los contribuyentes. Que esto no suponga un perjuicio económico de resarcimiento a la concesión”, incidió el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de. Transporte
Como Gobierno, insistió en que se colaborará con Bruselas para explicar los motivos de la prórroga de la concesión. En tal sentido aclaró que “la decisión, tomada hace más de 20 años, se adoptó en un procedimiento ordinario legal en ese momento en España”.
Opiniones
Juristas gallegos ven poco recorrido a la alegaciones que presente España, que tiene dos meses de plazo tras la sentencia contra Italia. “Me temo que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de septiembre de 2019, en la que se anuló una prórroga de 18 años de una parte de una autopista, va a tener difícil salir airosa del pleito”, expone el catedrático de Derecho Administrativo Jaime Rodríguez Arana.
Recuerda que las prórrogas de los contratos administrativos cuando modifiquen esencialmente las condiciones sustanciales del contrato son contrarias al Derecho Europeo: “Eso es lo que ha pasado en el caso de la prórroga de la concesión de la AP-9”.
El jurista considera además que “Las razones argüidas para la prórroga, la construcción del tramo Fene- Ferrol y la gratuidad del tramo interno desde Vigo al aeropuerto de Peinador, son de escasa entidad para justificar una ampliación del plazo nada menos que 25 años”. En su opinión, al plantearse la anulación de la concesión “con las consecuencias que traerá consigo”, entiende que “entre la Administración central y la concesionaria deberá abrirse una diálogo para resolver de la mejor forma posible un gravísimo problema jurídico que nos podríamos haber ahorrado de conocer y aplicar mejor el Derecho Comunitario Europeo.
Francisco Javier García Martínez, socio y responsable del departamento de Derecho Administrativo y Urbanismo de Garrigues en Galicia, destaca como “cuestión singular” que el incumplimiento de España no lo detecta ni la propia Comisión, ni otras empresas del sector, sino que quien denuncia es una asociación de consumidores.
Recuerda que existen precedentes “provocados por la normativa que había en España en los años 70 sobre las concesiones de las autopistas”, unas normas favorables para hacerlo y que después chocaron con las de UE. La clave del asunto, apunta, radica en que cuando se produce la prórroga de la AP-9 ya había una directiva comunitaria con criterios distintos.
En opinión de García Martínez la anulación del Tribunal de Justicia europeo no conllevaría el final del cobro del peaje. “Habría que liquidar el contrato,. Imagino que se han producido inversiones al amparo de esa prórroga... No es problema, otra cosa es que las cantidades que salgan podrían ser desmesuradas. Habrá que ver a qué tiene derecho la concesionaria”. En cuanto lo que puede ocurrir, apunta que puede salir a licitación la concesión, recaer en otra concesionaria e incluso durante un tiempo mayor. “Es una decisión de gestión política. Ninguna norma dice que no puede cobrarse, pero si se contemplan autopistas con peaje, con peaje en sombra e incluso gestionada por el Estado”, concluye.
