El alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, se enfrentaba ayer a uno de los momentos más duros como alcalde, el de pasar por los juzgados de Cambados acusado de una presunta falta de acoso leve. La acusación la ejercía un vecino de A Illa que, durante año y medio, recibió cientos de llamadas a altas horas de la madrugada y con contenido sexual sin saber quien era el responsable, hasta que se logró identificar un número de teléfono vinculado al regidor. Finalmente, el juicio fue suspendido y la querella archivada al reconocer el vecino de A Illa que le resultaba imposible demostrar que hubiese sido el alcalde el responsable de los whatsapps que recibió.
Los hechos que iban a ser juzgados en el día de ayer se remontan al año 2015, cuando un vecino de A Illa comienza a recibir llamadas de teléfono a horas intempestivas. Todas ellas tienen un denominador común, se realizan desde un número sin identificar, tienen un alto contenido sexual y nadie se identifica en ellas.
En un primer momento, el joven decide no darle importancia, pero la situación se alarga demasiado en el tiempo hasta que, una noche de fin de semana, tras año y medio soportando llamadas de madrugada prácticamente a diario, recibe una serie de whatsapps de un número de teléfono que no identifica, pero le sirve para interponer una denuncia ante la Guardia Civil de Cambados.
Esta abre una investigación al respecto y descubre que el número pertenece al alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, algo que deja totalmente descolocado al isleño, ya que apenas tiene contacto con el regidor. El isleño decidió seguir adelante con la denuncia que, tras superar diferentes avatares, llegó ayer a la celebración de juicio oral, aunque se anuló antes de su inicio al reconocer el denunciante que no tenía pruebas suficientes para demostrar que fue el regidor el que le envió los whatsapps y realizaba las llamadas de teléfono.
Por su parte, el alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, apuntaba que “esta situación se remonta al 2015 cuando apareció una tarjeta de teléfono móvil a mi nombre, con la que yo no tenía ninguna relación, que se utilizaba para molestar a gente”. Desde entonces, el regidor asegura que, una vez que fue conocedor de la situación y de la investigación que se había abierto al respecto “siempre nos hemos mostrado colaboradores para resolver este entuerto porque creemos que también somos perjudicados, llegando a plantear la opción de la geolocalización de las llamadas y muchas otras alternativas, y tal es así que la Fiscalía no llegó a acusar en ningún momento y el juicio es por faltas”.
El regidor no duda en afirmar que “en esta historia somos dos las personas perjudicadas; la primera es esta persona que ha tenido que soportar todo lo que ha soportado, la segunda somos nosotros porque hemos sido víctimas de una usurpación de identidad para utilizar esa tarjeta de móvil” que espera que pueda aclararse en el futuro..
