La Sección Segunda de la Audiencia ha reservado toda la semana y reanuda hoy el juicio contra la presunta banda criminal liderada por Lucki Luciano, un vilanovés que falleció en 2020 de enfermedad a los 74 años y que ya había cumplido una importante condena por la llamada Operación Nécora.
Aunque Luciano Núñez por haber muerto no comparece ni tampoco Christian Murder que se fugó en 2018, si se tomará declaración en estos días a los otros seis implicados en la denominada “Operación Bodeguilla” que se saldó con la intervención de casi 500 kilos de cocaína que llegaron al puerto de Algeciras en 2016 en contenedores de fruta y de cacao, procedentes de Colombia y Brasil.
Por estos hechos, el fiscal solicita a los implicados presentes penas que oscilan entre los 10,5 y 15 años de prisión por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud.
Así vuelven a sentarse en el banquillo esta semana José Castro Lamas, vecino de Baiona, aunque empresario en Ourense o Ricardo Juan Dacal Feijóo, vecino de Vigo, quizás los principales responsables del transporte de la sustancia alijada hace cinco años.
Además de los seis procesados, el tribunal de la Audiencia prevé la comparecencia de una cuarentena de testigos durante los próximos días, así como los peritos y pruebas que aporten las defensas.
El fiscal, en su escrito de calificación provisional, sostiene que los seis implicados “forman parte de un conjunto estructurado merced a las relaciones personales y medios materiales, que tenía como finalidad última y exclusiva, entre los meses de noviembre de 2015 y mayo de 2016, la introducción en España de distintas partidas de drogas y estupefacientes para su comercialización lucrativa en el mercado ilícito, principalmente cocaína”.
Explica asimismo el fiscal que cada uno de los implicados cumplía unas funciones precisas, desde asegurar las comunicaciones con complejos sistemas de encriptado, consiguiendo la financiación necesaria, buscar los contactos básicos que garantizasen la operación -incluso con un soborno de 11.000 euros a un guardia civil infiltrado- o de mantener el contacto con los exportadores de la droga y hacer llegar el dinero por la compra de la sustancia.
En este sentido el fiscal antidroga explica que fue a finales de 2015 cuando “los procesados dieron inicio a las gestiones necesarias para establecer una vía estable de entrada de droga en España a través del puerto de Algeciras, “droga que habría de entrar oculta en contenedores de mercancías lícitas, merced al sistema conocido como gancho ciego o rip-off”. Y de este modo, ya en noviembre el fallecido Luciano Núñez con otro procesado “desarrollaron una serie de contactos y gestiones con la finalidad de encontrar un miembro de la Guardia Civil que se prestara a emplear sus influencias para facilitar la salida de los envíos de droga que estaban planeando recibir de manera sucesiva”. La reunión con este “gancho” se produjo el 20 de noviembre de aquel año en Benalmádena (Málaga).
Hecho el contacto, los jefes de la organización mantuvieron varias reuniones en Madrid y otras localidades en donde le pusieron al tanto de las fechas de los envíos o el número de los contenedores así como los lugares donde debería depositarse la droga una vez que la hubieran desembarcado.
Asimismo se subraya en el escrito que cuatro de los procesados, entre ellos Núñez y José Castro viajaron en distinos momentos, entre febrero y mayo, a Latinoamérica, concretamente a Brasil y Colombia “con la finalidad de concretar las vicisitudes de la operación de narcotráfico con los exportadores”.
Finalmente, el 31 de mayo de 2016, la Guardia Civil intervino el contenedor con quince mochilas que “venía embarcado en el buque procedente de Brasil”, que tras ser pesada arrojó un peso de 423,352 kilogramos “con una pureza del 90,3% y que alcanzaría un valor en el mercado ilícito de 56.509.945,88 euros”.
Ese mismo día, la Guardia Civil procedió a la detención de todos los implicados en distintos lugares de España, a cuatro de ellos en un piso de Fuengirola (Málaga).
Asimismo en los registros se les intervinieron 55.000 euros en efectivo, nueve coches de alta gama y numerosa documentación.