El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la concejala de Urbanismo, Paola María, se reunieron ayer en A Coruña con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, para pasar revista a los proyectos por parte del Estado que están en marcha o pendientes de ejecución en la capital arousana. Una de las principales demandas abordadas fue la necesidad de completar la remodelación del paseo marítimo, que está a la espera de que Costas habilite la financiación comprometida para ejecutar la segunda fase. “En su momento no se pudo materializar al tener que destinar los fondos a la reconstrucción de las zonas costeras asoladas por los temporales de hace dos años”, recuerdan desde Ravella. Pero debido al retraso ocasionado por este imprevisto, Varela insistió en que el paseo debe estar terminado en el actual mandato.
El delegado del Gobierno acogió con interés las demandas expuestas por el alcalde vilagarciano y se comprometió a trasladarlas a Madrid para que puedan hacerse realidad lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta el parón del año pasado por la pandemia.
La concejala de Urbanismo explicó en el encuentro que de forma paralela a la obra del paseo, el Concello tiene previsto ampliar el carril bici desde A Concha hasta Carril, una actuación que Ravella se comprometió a asumir cuando Costas hizo lo propio con el paso. Paola María pidió a Losada que una vez estén estructuradas las líneas de los fondos europeos, se informe a los municipios para determinar si Vilagarcía podría acceder a ese tipo de financiación para realizar ese proyecto del carril–bici u otros.
Otra de las demandas que Vilagarcía puso sobre la mesa es la utilización de la parcela de O Cavadelo situada detrás de los juzgados, que es propiedad estatal y lleva varias subastas desiertas. Varela solicitó a Losada su mediación para poder usar la finca -mientras no se vende- como aparcamiento público en pleno centro de la ciudad.
En materia de infraestructuras, la edil de Urbanismo aludió a la necesidad de construir aceras y mejorar los servicios y la seguridad vial en la avenida de Rubiáns (de titularidad estatal), así como a la reivindicación de que el Gobierno habilite un marco para que los concellos con menos de 50.000 habitantes puedan acceder a las ayudas para lograr un transporte colectivo eficaz y reducir las emisiones de CO2.
En cuanto a subvenciones, la delegación vilagarciana también se interesó por los fondos europeos para paliar los efectos de la crisis sanitaria. Con respecto a la reforma de la Casa del Mar, de 4,5 millones de euros, Losada explicó que tienen un plazo de ejecución de dos años.
