Vilagarcía ha comenzado el año con un ligero repunte en el número de demandantes de viviendas protegidas, concretamente en las de promoción pública en régimen de alquiler, que son las que requieren rentas más bajas para poder acceder a ellas. Según el Rexistro Único de Demandantes, ayer estaban dadas de alta en esta modalidad 228 personas en la capital de arousana, frente a las 205 contabilizadas en febrero de 2020, lo que se traduce en un incremento del 11% en menos de un año.
Con respecto a las viviendas sociales en régimen de compra, el interés es mínimo, testimonial, con solo diez demandantes (el año pasado eran siete). En arrendamiento con opción a compra hay una veintena de solicitudes, una cifra que se mantiene en los mismos niveles que el ejercicio pasado (19 concretamente en el mes de febrero).
Las viviendas de promoción pública (VPP) son construidas y gestionadas directamente por la administración autonómica. Para poder residir en un inmueble de estas características, el núcleo familiar del aspirante debe ingresar menos de 11.200 euros al año, o lo que es lo mismo, por debajo de 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples).
Las VPP están pensadas para garantizar el acceso a la vivienda de las familias con escasos recursos económicos, con serias dificultades para poder alquilar un piso del mercado libre. En el caso de Vilagarcía, la escasa oferta de vivienda que sufre la ciudad desde hace años mantiene los arrendamientos por las nubes, con precios -la inmensa mayoría- por encima de los 400 euros de cuota mensual, una cantidad inasumible para economías familiares modestas. Sin embargo, los alquileres sociales (VPP) no suelen superar los 125 euros al mes. El problema es que no hay tantas viviendas de este tipo como gente que las necesita.
Según los datos facilitados en noviembre de 2019 por la Xunta, en aquel momento Vilagarcía contaba con 54 pisos destinados a personas con una delicada situación económica. Se repartían entre 48 viviendas de promoción pública (VPP) situadas en la urbanización Bosque de Desamparados y seis cedidas por la Sareb que gestionaba el IGVS para alquiler social. En los últimos años no se ha construido vivienda de promoción pública nueva, por lo que las cifras continúan siendo las mismas. Recientemente, a finales de 2020, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) sorteó varias viviendas del edificio multigeneracional de Desamparados que habían quedado vacantes.
Con respecto a los requisitos que se establecen para la compra, para poder hacerse con una VPP en propiedad, el inquilino debe alcanzar los diez años de contrato de arrendamiento, tener unos ingresos superiores a 1,5 veces el Iprem (más de 11.200 euros al año), estar al día en los pagos con la comunidad de vecinos y de los impuestos que genera la vivienda.
Ya fuera de los pisos de protección oficial, el movimiento en la capital arousana se centra en el mercado libre.
Según el Instituto Galego de Estadística (IGE), en el tercer trimestre de 2020 se efectuaron 86 transacciones inmobiliarias en la ciudad, más que las 73 del verano de 2019 y que las 67 de la temporada estival de 2018 pese a la pandemia de coronavirus.
Donde sí se hizo notar especialmente la crisis sanitaria fue en el segundo trimestre, en pleno estado de alarma, ya que solamente se compraron en Vilagarcía 40 viviendas, entre los meses de abril y junio.
Así, el IGE ratifica lo que ya habían declarado agentes inmobiliarios como Avelino Barreiro, que admitía en octubre que “en el tercer trimestre trabajamos bien”. Entre lo más buscado por los clientes están las casas unifamiliares con terreno, parcelas en las que construir la vivienda y áticos con terraza.
