El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que en la comarca de O Salnés cuenta con cuatro escuelas infantiles Galiña Azul repartidas en O Grove, A Illa de Arousa y dos en Vilagarcía (Carril y Vilaxoán), además de un servicio de Inclusión para toda la comarca y su área de influencia, libra una batalla judicial con la mayor parte de sus trabajadoras que llevan más de una década con contratos en precario, a pesar de tratarse de un organismo de la administración pública.
Ya son varias las sentencias ganadas al Consorcio en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sin embargo, según denuncian los miembros de la asociación de trabajajadores temporales del Consorcio, aún no han podido reunirse con la conselleira de Política Social, Fabiola García, a la que llevan solicitando una entrevista desde hace un año.
La situación se complica ya que en el Consello da Xunta de la pasada semana se aprobó la OPE para sacar a oposición las 1.215 plazas del Consorcio (de las cuales aproximadamente un centenar corresponde a centros de trabajo en O Salnés) que ya están ocupadas regularmente, en algunos casos desde hace 13 años.
La administración pública española registra uno de los mayores índices de temporalidad de la Unión Europea y ya ha sido advertida de que debe regularizar la situación.
En el caso concreto del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, muchas de sus trabajadoras accedieron a los puestos de trabajo por un concurso público, con exámenes, entrevistas y puntuaciones, aunque las plazas no eran fijas. Ahora se pretende resolver esta cuestión convocando un concurso oposición abierto en el que el personal que ya está trabajando tendrá que competir con personas que llevan tiempo preparándose para opositar.
De continuar la convocatoria de la oposición para la cobertura de las plazas, muchas de las cuales están ocupadas con una sentencia de fijeza a favor de la trabajadora, si la actora ganara o no concurriera a la oposición, se daría el caso de duplicidad en el puesto de trabajo, porque legalmente tiene reconocido el empleo. La otra opción sería el despido, lo que obligará a la administración a habilitar partidas para el despido de personal. Los despidos tendrán que ser disuasorios, según dictaminó en su día la Comisión Europea, por lo tanto la indemnización sería de mayor cuantía.
El problema de los trabajadores con contratos temporales en la administración pública no es único de Galicia. Ocurren también en el Estado y en las restantes autonomías. La asociación de temporales del Consorcio está en contacto con otros colectivos a nivel nacional y autonómico donde ya se ha avanzado para buscar una solución negociada, y pretende que se haga lo mismo a nivel gallego.
El portavoz de la asociación señaló que en el País Vasco se ha redactado un proyecto de ley que establece que en el caso de los puestos de trabajo en los que el trabajador lleve más de ocho años en la administración pública, con un 40% de interinidad en las plazas, la oposición para regularizarlas será de turno restringido.
Una redacción similar se está negociando en Cataluña y también se ha planteado en Andalucía. Sin embargo, en Galicia se ha optado por las OPE (oferta pública de empleo) para cubrir los puestos que llevan años ocupados por trabajadores que accedieron a los mismos mediante procesos selectivos públicos.
Por otra parte, el Gobierno del Estado está negociando la redacción de un nuevo estatuto del empleado público, en el que se espera que se establezca un articulado especial para el caso de los trabajadores que llevan años con contratos temporales.
La asociación de temporales del Consorcio insta a la Xunta que al menos frene la OPE, a la espera de conocer los cambios que se aplicarán a nivel estatal.
De momento, por parte de la Xunta de Galicia no hay respuesta; ni siquiera un acuse de recibo a las solicitudes de entrevista cursadas por este colectivo.
Mientras tanto, continúa el goteo de sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia atendiendo a las múltiples demandas individuales.
