El balneario de la playa de Compostela, edificio de titularidad municipal, se ha convertido en la residencia de varios okupas que incluso hacen fiestas en su interior, a pesar del estado de deterioro en que se encuentra. Así lo manifiestan vecinos del entorno, quienes expresan su preocupación por la posibilidad de que este inmueble acabe calcinado como otros de su entorno que también fueron ocupados por personas ajenas a la propiedad.
No es la primera vez que se introducen okupas en estas instalaciones municipales. De hecho, en mayo del año pasado el Concello tuvo que tapiarlo. Pero los cierres no son un gran obstáculo para las personas sin hogar que vuelven a forzarlos y convierten el viejo balneario en su residencia.
El edificio carece de luz pero esto no es un inconveniente para sus inquilinos amantes de la música, quienes viven al menos con una mascota en su interior porque los vecinos escuchan ladridos.
Los habitantes del entorno de este inmueble municipal instan al Concello de Vilagarcía a tomar medidas inmediatas para desalojar a las personas que se introdujeron en el edificio y a tapiarlo en condiciones mientras no se decide su futuro uso. Lamentan que lleve años prácticamente abandonado.
El destino del Balneario, situado estratégicamente junto al paseo marítimo y la playa, y al lado de un gran parque, sigue siendo una incógnita para los vilagarcianos. Se trata de un recinto que lleva casi dos décadas completamente cerrado y que ha sufrido muchos cambios desde entonces. Tras el primer acuerdo de rescate de la concesión, los ediles de la corporación municipal, por mayoría, decidieron destinarlo a un centro de promoción de empleo especialmente destinado a la formación de personal de hostelería.
Se ampliaron los usos en la calificación urbanística e incluso se planteó la adaptación del inmueble con cargo a la financiación del Plan E. Pero los constantes recursos judiciales hicieron frustrar esta iniciativa.
Llegó entonces la era del gobierno municipal encabezado por el popular Tomás Fole, quien siempre apostó por mantener el uso hostelero originario de la instalación, mediante una concesión, recuperando la idea de antiguos gobiernos que habían ampliado la edificabilidad para facilitar su reconversión como hotel.
La idea del PP en su última etapa de gobierno municipal fue ofrecer las instalaciones a la Diputación Provincial de Pontevedra para que las incluyera en su proyecto de creación de "Pousadas", aunque tampoco fue posible porque aún no se había resuelto el litigio con los socios de la anterior empresa concesionaria, Placomsa.
El equipo municipal de gobierno que preside el socialista Alberto Varela Paz fue el encargado de afrontar la última parte del proceso judicial.
El inmueble permanecía cerrado desde hace más de una década y los técnicos municipales pudieron constatar la situación de deterioro de la balconada o mirador del edificio que da al paseo marítimo, que necesitaba de obras urgentes.
Es un edificio incluido en el Catálogo Municipal de Bens a Conservar y, por lo tanto, protegido por Patrimonio. Este organismo de la Xunta de Galicia ordenó la conservación del mirador semicircular que asoma en el paseo marítimo, pero Costas del Estado, consideraba la edificación fuera de ordenación y no autorizaba las obras de rehabilitación.
Tras numerosas gestiones ante ambas administraciones, el Concello solicitó a Costas la desafectación de una superficie de 64 metros cuadrados al pie del paseo marítimo, con el fin de evitar posibles conflictos competenciales futuros y proceder a asegurar la edificación de este mirador.
Mientras la Administración municipal continuaba con el proceso judicial con la antigua concesionaria, el edificio del balneario permanecía cerrado, aunque al alcance de indigentes y okupas que lo convirtieron en su hogar. El Concello tuvo que tapiarlo varias veces para evitar que estas personas continuaran desmantelando su interior.
En el año 2018, en el interior del edificio, concretamente en la zona del mirador, apareció muerto un indigente por causas naturales. De todos modos, el personal municipal volvió a tapiar los huecos, pero los okupas lograron introducirse varias veces.
En la actualidad, el conflicto judicial con el concesionario está resuelto y el edificio está pendiente de que se decida su nuevo destino.
