El informe de balística que recientemente han recibido las partes confirma que José Luis Abet Lafuente recargó el revólver para matar a su exmujer (Sandra Boquete), a su excuñada (Alba Boquete) y a su exsuegra (María Elena Jamardo). Cada una de las víctimas presentaba varios disparos en distintas partes del cuerpo (las tres en la cabeza), además de los impactos de bala en las paredes de la casa del lugar de Carracido (Valga) donde el asesino confeso perpetró el crimen el pasado 16 de septiembre de 2019. Todos los disparos proceden de un mismo arma.
El revólver, de calibre 32, cuenta con una capacidad para seis balas, lo que evidencia que Abet tuvo que recargarlo. Un año después, el origen del mismo continúa siendo una incógnita, y el acusado no tiene pensado aportar información alguna al respecto, tal y como asegura su abogado, Manuel Franco Argibay, que ayer lo acompañó a los juzgados de Caldas para someterse a una prueba de ADN consistente en dos muestras de saliva para cotejarlas con los restos orgánicos hallados en la escena de este triple crimen machista que ha conmocionado a toda España.
Ese 16 de septiembre de 2019 José Luis Abet acudió a la vivienda en la que residía su exesposa con sus dos hijos, de 4 y 7 años por aquel entonces. A Sandra Boquete le dio tiempo a llamar por teléfono a su hermana y a su madre para que no fuesen a la casa, pero ellas se dirigieron igualmente al inmueble, acabando Abet con la vida de las tres. El acusado primero habría matado a su exmujer, después a su excuñada y por último a su exsuegra. Al regresar a casa de su madre, en Ames, arrojó el arma al río Tambre. Desde allí llamó a la Guardia Civil para confesar el crimen.
Aunque "los hechos están identificados", Franco Argibay no coincide con el relato que de ellos se realiza en la instrucción del caso. "Hay tres puntos que llevan a dudas", comenta el abogado, que basará en ellos su estrategia de defensa para intentar reducir la pena de su cliente.
La causa se encuentra en fase de instrucción y todavía no hay calificaciones de ningún tipo, pero es más que probable que alguna de las acusaciones solicite la prisión permanente revisable para Abet Lafuente. Además del Ministerio Fiscal, se han personado como acusación -particular- la Xunta, el Concello de Valga, la Fundación Amigos de Galicia, el padre de Sandra y Alba y otro familiar de las víctimas.
El procedimiento que está más avanzado es el civil, el relativo a la custodia de los hijos de Sandra, solicitada por el abuelo materno y la abuela paterna de los menores. La próxima semana el Imelga examinará las capacidades de ambos.
