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El conflicto judicial entre el Concello y la Xunta a causa de la EDAR se enquista

Medio Ambiente denuncia la inmovilidad de la administración local, que se niega a gestionar la depuradora y aún no justificó pericialmente el por qué

La Xunta y el Concello de O Grove mantienen un pulso que ni siquiera parece en vías de solución ahora que está judicializado. Guarda relación con la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) situada en Ostreira, cuya gestión asumió la Administración autonómica al comprobar que el ejecutivo local se negaba a ello.

En este proceso judicial el Concello tenía que presentar un informe pericial en el que demostrara las deficiencias a las que alude pata renunciar a esa gestión de la depuradora, pero lejos de hacerlo denunció que Augas de Galicia le había impedido el acceso a las instalaciones para poder elaborarlo.

Desde la Consellería de Medio Ambiente niegan la mayor y sostienen que si el Concello no actuó fue porque no quiso. Así consta en el informe entregado por la propia Xunta al juzgado, donde lamenta "una total y absoluta inactividad" del gobierno local, "que ni dio cumplimiento al requerimiento efectuado por el juzgado, no contactó con Augas para solucionar el problema y ni siquiera solicitó acudir a la EDAR para inspeccionarla".

Visita sorpresa

En este enquistado proceso llama la atención que el pasado 12 de septiembre "tuvo lugar el sorpresivo personamiento en la EDAR de una persona que dijo pertenecer a la empresa Cíes Atlántico y actuar por cuenta del Concello, sin aportar acreditación alguna de ello".

Ante su intento de acceder a la planta, el operario de Tragsa -empresa encargada de la explotación de la depuradora -no permitió aquella entrada al recinto "por no tener aviso previo" y desconocer la identidad del visitante, "invitándolo a contactar con Augas de Galicia para concertar una inspección posterior".

Así lo explica la Xunta, que aporta como prueba un acta policial levantada en aquel momento y que aclara que la EDAR "es una instalación industrial en explotación que dispone de maquinaria y equipos en funcionamiento, y donde se desarrollan procesos que pueden implicar riesgos para personas ajenas a la explotación que eventualmente puedan acceder al recinto", de ahí que se impidiera aquella visita.

Requerimientos

Al día siguiente Augas de Galicia escribió a Cíes Atlántico y al Concello para decirles que "a causa de su total inactividad, las instalaciones están intervenidas por la Xunta", recordándoles la necesidad de cumplir los protocolos de seguridad y acceso y animándolos a concertar una nueva visita, pero de acuerdo con el reglamento establecido.

Aquella invitación a concertar cita marcando previamente día y hora fue reiterada unas jornadas después, "pero aún no se ha recibido respuesta alguna por parte del Concello", lamenta la Consellería de Medio Ambiente.

Es todo esto lo que lleva a Augas de Galicia a garantizar ante el juzgado que este departamento "nunca prohibió ni denegó el acceso del Concello a las instalaciones de la EDAR".

A lo que añade que la incomparecencia de la Administración local, entendida ésta como la no presentación del informe pericial que le fue requerido judicialmente, solo es imputable al gobierno local.

O dicho de otro modo, que el Concello de O Grove no ha podido probar aún las anomalías en la depuradora a las que se aferra para declinar la gestión de la misma.

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