El inspector jefe de la Policía Local de Cambados, Maximino Cid Ferro, se opuso a dar el visto bueno a una parte de las horas extras cobradas posteriormente por el oficial Adolfo Suárez, y tampoco aprobaba que este último tuviese un coche municipal a su disposición.

Así ha trascendido tras la jornada de testificales que acogió durante la mañana de ayer el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cambados, que investiga el supuesto trato de favor de la alcaldesa de esta localidad, Fátima Abal, hacia el mencionado Adolfo Suárez. Ambos están investigados en la presente causa; la regidora, por un presunto delito de malversación, y el policía, por otro de cohecho pasivo.

Tanto la regidora como el oficial de Policía estaban citados para declarar a las 11.00 y las 11.30, respectivamente, pero finalmente ninguno de los dos lo hizo, porque las declaraciones de los testigos se extendieron tanto que fue imposible terminar las testificales a tiempo.

En cualquier caso, y a preguntas de FARO, Fátima Abal ha insistido en los planteamientos hechos públicos en su día. Considera que la denuncia está hecha a mala fe con la única finalidad de perjudicarle políticamente, y que tanto la asignación del coche como el abono de las horas extras se hicieron con luz y taquígrafos y respetando la legalidad administrativa.

Cid Ferro

El primero en comparecer ante la juez, el fiscal y los tres abogados -el de la acusación y los dos designados por los investigados- fue precisamente Maximino Cid Ferro. Su testimonio se considera de gran importancia en este caso, dado que es el jefe de la Policía Local, aunque ya lleva varios meses de baja. Precisamente, su puesto están siendo cubierto por Adolfo Suárez.

Según ha podido saber este periódico, Cid Ferro manifestó en su declaración que él estaba en contra del uso de un coche municipal por parte de Suárez, y que así se lo hizo ver por vía oficial a la alcaldesa. Del mismo modo, se negó a conformar algunas de las horas extraordinarias que posteriormente Adolfo Suárez cobró.

Su manifestación fue la más larga, pues estaba citado para las 9.30 horas, y abandonó el Juzgado pasada la una y media de la tarde.

Tras el inspector jefe, declararon una técnico de personal del Concello y un agente de la Policía Local. Estaban citadas otras cuatro personas -tres policías más, Fátima Abal y Adolfo Suárez-, pero no llegaron a entrar en sala porque el último testigo terminó a las tres y cuarto de la tarde.

Está previsto que ahora el juzgado les notifique una nueva fecha para tomarles declaración. También podría volver a citar al capataz municipal, que en un primer momento había sido convocado para ayer, pero cuya declaración también se ha postergado por un asunto médico. Por su parte, el denunciante, que es el policía y exdelegado de personal municipal, Manuel Duarte, declara el jueves.

Fátima Abal

La alcaldesa no llegó a declarar en sede judicial, pero mantiene sus planteamientos ya conocidos. Explica que Adolfo Suárez contaba con un coche municipal a su disposición, "porque tenía una disponibilidad de 24 horas", y recuerda que se trata de un vehículo municipal, "adscrito por sentencia a la Policía Local".

Recuerda además que hay más trabajadores que usan los vehículos municipales. "Los conductores de grúa las llevan para su casa porque puede ser necesario que actúen en cualquier momento del día. Y hace un mes los alumnos del taller de empleo estuvieron desplazándose en el coche de Alcaldía. Los vehículos están a disposición de los trabajadores que los necesitan". Sostiene también que la cesión del uso del coche a Suárez se hizo por escrito.

Sobre las horas extras, la alcaldesa mantiene que la denuncia se hizo tomando como referencia los datos de 2017, cuando Cambados fue Ciudad Europea del Vino, lo que supuso que la villa organizase un número mayor del habitual de actividades, con los consiguientes operativos de seguridad. Recuerda que hubo más policías que tuvieron que hacer un buen número de horas extraordinarias.

"Tengo la conciencia muy tranquila. No se hizo nada oculto ni a mala fe", prosigue la alcaldesa. "Esto es un ataque político que proviene de una persona a la que denuncié en su día. Él querría que quitase la denuncia, y como no lo hice, presentó contra mí siete denuncias. Pero dos ya se archivaron porque verdad solo hay una".

Presunto trato de favor

Tras la denuncia de Duarte, el Ministerio Fiscal indicó que en un primer momento no se apreciaban pruebas de delito, pero instaba al Juzgado a abrir diligencias para intentar llegar al fondo del asunto. Del mismo modo, sugería que se les diese la condición de investigados tanto a Fátima Abal como a Adolfo Suárez, pero no porque hubiese indicios de delito sino para que ambos pudiesen personarse en la causa y defenderse con letrado como estimasen oportuno.