La nueva Lei do Solo de Galicia contempla una serie de requisitos que dificultarán la construcción de invernaderos en los núcleos rurales. Y a pesar de que la agricultura es un sector con un cierto peso socioeconómico en O Salnés, los cambios legislativos aprobados por la Xunta de Galicia apenas han despertado oposición en la comarca.
Relacionadas
Solo el Ayuntamiento de Ribadumia se ha posicionado claramente en contra de los artículos de la ley que afectan a los viveros agrícolas. Las dos grandes cooperativas de la huerta, radicadas ambas en Cambados, consideran negativas las nuevas condiciones legales pero ni siquiera se han sentado aún con sus socios o con los representantes políticos o de la administración para transmitirles su enfado.
Y los partidos políticos y sindicatos o no han abierto la boca -con la excepción de Ribadumia- o se muestran en contra de la ley, pero carecen de un plan de acción para hacer frente a la controvertida decisión de la Xunta.
La nueva Lei do Solo elimina el régimen excepcional que el anterior texto le concedía a los viveros en lo referido a las edificaciones autorizables en suelo rústico, de modo que estas instalaciones agrarias deberán disponer a partir de ahora de acceso rodado, abastecimiento de agua, una parcela mínima de 2.000 metros cuadrados, y hasta suministro eléctrico. El alcalde de Ribadumia, el independiente David Castro, llegó a afirmar que estas condiciones eran "un disparate", y que "hipotecarán" gravemente a los agricultores arousanos.
Una oposición tímida
Solo el Ayuntamiento de Ribadumia llevó a pleno una propuesta de acuerdo del grupo de gobierno instando a la Xunta a que reconsidere la ley, para que retire de ella los nuevos requisitos para la construcción de los invernaderos. Los demás concellos arousanos en los que el sector agrícola tiene un peso relativamente destacado ni siquiera tienen en agenda una moción similar.
De hecho, en la mayoría de los casos incluso desconocen la problemática, pues ningún agricultor o representante del sector agrario acudió a sus ayuntamientos para alertar de las obstáculos que entraña la nueva ley, aprobada en febrero.
Ni siquiera las dos grandes cooperativas agrarias de O Salnés, Horsal y Hortumia, tienen en mente -al menos en estos momentos- la realización de gestiones o de una campaña para lograr un cambio en la ley. En este sentido, el presidente de Hortumia, Juan José Calo, indicó ayer que "es perjudicial para el sector del campo", y que "vamos a analizar las medidas a tomar para intentar arreglar esto". Su homólogo de Horsal, Alberto Amil, señala a su vez que "Agaca (Asociación Galega de Cooperativas Agrarias) ya ha solicitado la modificación de la ley en lo referente a los invernaderos", pero admite que a nivel de la cooperativa cambadesa no han movido ficha por el momento.
Como tampoco parece que lo haya hecho aún uno de los sindicatos agrarios con mayor representación en O Salnés, como es Unións Agrarias, cuyo secretario general en las Rías Baixas es el meañés Manuel Ángel Dopazo. Éste criticó ayer la ley, pero no especificó gestión alguna del sindicato en favor de la retirada de las nuevas condiciones.
La ley pasó el trámite parlamentario en la Xunta de Galicia, y los partidos no han alertado sobre la situación de los invernaderos.