El PP abandona el pleno por el veto del gobierno a votar las alegaciones de EU a los impuestos

Un pleno extraordinario que se preveía de trámite para la aprobación definitiva de la revisión de tasas e impuestos de Vilagarcía se revolucionó por completo cuando el gobierno socialista rechazó la posibilidad de votar las alegaciones presentadas por Esquerda Unida a la propuesta fiscal del ejecutivo.

Sorprendentemente, fue el PP el que se quejó de que el alcalde vetase a la oposición la oportunidad de votar las iniciativas de los izquierdistas. Se generó un importante revuelo en el salón de plenos, y tras un receso de 5 minutos que en la práctica no sirvió para nada, Alberto Varela procedió a la votación de la aprobación definitiva de la propuesta del gobierno, lo que generó tal indignación en la bancada conservadora, que Fole y sus concejales abandonaron el pleno, no sin antes advertir de que solicitarán la impugnación de la sesión.

El BNG fue el único que se mantuvo al margen de la polémica, pues Somos Maioría y Esquerda Unida también manifestaron su disconformidad con el procedimiento de los socialistas que, no obstante, fue avalado por la secretaria en todo momento. La funcionaria recordó que existe un dictamen de Alcaldía que dice que en el pleno se iba a votar la aprobación definitiva de la propuesta del PSOE.

Si bien en la comisión informativa del lunes el gobierno desestimó de forma unilateral las alegaciones de EU, la oposición entendió que se someterían igualmente a pleno, y no solo para su debate, sino también para su votación. Pero no fue así.

Los ánimos estaban muy caldeados, y el alcalde concedió un receso de 5 minutos después de que la secretaria aclarase que la única opción de votar las alegaciones, siempre que el presidente del pleno así lo estimase oportuno, es decir, el alcalde, es que se presentaran en forma de enmiendas. Entonces Esquerda Unida decidió convertir todas sus alegaciones en enmiendas "in boche".

Al retomarse el pleno, Alberto Varela dio paso a la votación de la propuesta de revisión fiscal del PSOE, algo que enervó a los partidos de la oposición. Tomás Fole (PP), acusó al gobierno de "incumplir el reglamento del pleno" y anunció su intención de solicitar la anulación de la sesión; Gaspar Somoza escuchó a la secretaria durante el receso decir que se podían presentar enmiendas al texto socialista, y al no procederse a ello, declaró el pleno como "ilegítimo". Como "acto de rebeldía", cambió su voto -que antes del revuelo dijo que mantendría con respecto al de la aprobación inicial de las tasas- y rechazó varias de las ordenanzas fiscales del equipo de Varela.

El alcalde, por su parte, reprochó al Partido Popular que no presentase alegaciones durante el periodo de exposición pública y ahora protestase para presentar enmiendas -EU fue el único partido que presentó alternativas-. En aras de intentar acallar la polémica, Varela espetó a la oposición que en el pleno de 2013 sobre ordenanzas fiscales se siguió exactamente el mismo procedimiento. Acto seguido, el PP abandonó el pleno y no llegó a votar.

Para Jesús López (EU), "Varela actuó como una auténtica "bertolina", sesgando con toda posibilidad de que nuestras propuestas fueran aprobadas, como nuestra enmienda de bonificación a las familias. Este fue un pitorreo de pleno. Jugaron al tongo por si alguno de los grupos votaban a favor y se veían obligados a aceptar las alegaciones que beneficiasen a los vecinos. Estudiaremos qué medidas tomamos en los próximos días".

En este sentido, el PP expresó al inicio de la sesión que la situación actual "varía en relación a la de la aprobación inicial, en octubre". "Las diferencias son claras y hay argumentos suficientes para cambiar nuestro voto", dijo Fole.

Pese a todo el revuelo generado, la modificación de tasas e impuestos del PSOE salió adelante -con el apoyo del BNG- y entrará en vigor el 1 de enero. Los principales cambios son rebajar el IBI urbano del 0,60 al 0,58, incrementar el rústico del 0,3 al 0,7, aplicar un recargo del 25% en este impuesto a las viviendas vacías, subir el IAE del 1,5 al 1,7 o encarecer el impuesto de circulación para los vehículos de alta gama. Las bonificaciones en el recibo del agua, basura y saneamiento para perceptores de Risga sube del 90% al 100%.