El sindicato CIG ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, por presuntas prevaricación y malversación de fondos contra varios cargos de la Xunta de Galicia en relación con el frustrado plan de reactivación de la conservera Alfageme y las actuaciones de éstos en la fase de liquidación de los bienes de la empresa. Los denunciados por esta central sindical son el director xeral del Igape, Javier Aguilera, el actual conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, su antecesor en el cargo y parlamentario Javier Guerra, la conselleira de Facenda Elena Muñoz, y la secretaria xeral técnica e do Patrimonio, Socorro Martín Hierro.
La sindicalista Rosa Abuín, explicó ayer que la denuncia se presentó el día 22, tras la reunión de los representantes sindicales con el director del Igape, donde quedó claro que será prácticamente imposible la reactivación industrial de Alfageme y la recuperación de sus 150 empleos. Ese día ya habían vendido los liquidadores judiciales la maquinaria de las dos fábricas de Vilaxoán y Ribadumia, cuando el responsable del Igape insistía en que iban a acudir a la subasta con el fin de hacerse con estos equipos para, posteriormente, sacar a concurso público ambas plantas, adquiridas anteriormente en subasta, condicionando su adjudicación a la reactivación industrial.
Rosa Abuín puntualizó que el representante de la Administración autonómica se tuvo que enterar por ella de que la maquinaria ya había sido vendida. Además recordó que la Xunta en la subasta pública del 20 de diciembre solo compró unas naves vacías, sin tener en cuenta que hay otras fincas anexas a las mismas que no se subastaron.
El problema es que a pesar de que existía una escritura relacionada con el aval hipotecario que vinculaba la maquinaria y todos los bienes de las plantas de Vilaxoán y Ribadumia, la Xunta, según declaró la sindicalista, no hizo valer este derecho en el momento en que el que los liquidadores y el Juzgado de lo Mercantil de Vigo hicieron públicos los listados de bienes del concurso, así como de la subasta del pasado 20 de diciembre. En cuanto a la marca Miau solo se vendió una parte y la principal está aún por subastar.
La sindicalista de CIG entiende que este cúmulo de despropósitos hace ya inviable la reactivación de Alfageme, aunque el sindicato seguirá luchando en lo que pueda por los puestos de trabajo.
La denuncia ante la Sala de lo Penal del TSXG se fundamenta en que los denunciados serían presuntamente responsables por la pérdida de 5.962.644,67 euros del dinero público, en base a que a pesar que en escritura pública el aval hipotecario se hizo extensivo a los bienes muebles de las fábricas de Vilaxoán y de Ribadumia, que suman este total, no hicieron valer este derecho ni en el plan de liquidación ni durante la convocatoria de la subasta judicial.
La denuncia añade que "siendo los denunciados conscientes de que su actuación había de producir una pérdida de las garantías de casi 6 millones de euros, decidieron en el último momento acudir a la subasta, con el fin de intentar esconder la pérdida de los bienes muebles que creían hipotecados y con el fin de que, una vez adjudicados los inmuebles, fuesen considerados como incluidos en la adjudicación y así solucionar la injustificable pérdida de 6 millones de euros".
El sindicato acusa a los denunciados de "la consciente y voluntaria omisión del procedimiento para la adjudicación de los bienes inmuebles".
En este caso puso de manifiesto que el Igape acudió a la subasta del 20 de diciembre, sin ningún tipo de acreditación. "La situación creada como consecuencia de no ser capaz de acreditarse llegó a ser tan extravagante que la secretaria del Juzgado se vio obligada a consultar el DOG para comprobar que el compareciente era efectivamente el director del Igape y permitir así que concurriese a la subasta". Esta se celebró, adjudicándose el Igape las fábricas de Ribadumia y Vilaxoán. Un mes después llegó al Juzgado la autorización de la secretaria xeral técnica de Patrimonio, con fecha 19 de diciembre.
"La comparecencia del director del Igape se hizo infringiendo a sabiendas la Ley de Patrimonio de Galicia", denuncia. El sindicato llega a la conclusión de que se acudió con toda urgencia a un trámite que no es el correcto, "con el único fin de obviar los trámites legales y adquirir los bienes objeto de la subasta, confiriendo a todo una cobertura aparentemente legal".
