La Audiencia Provincial de Pontevedra se prepara ya para vivir el primer gran juicio del recién estrenado curso judicial. Un total de 8 acusados y más de 30 testigos prestarán declaración ante los magistrados de la Sección Segunda durante la vista que se celebrará el jueves 16 por tráfico de drogas. Entre ellos se sentarán en el banquillo un funcionario de la Diputación, Daniel Meaño Cores; un guardia civil, Javier Ferreiro Vázquez; y un cabo de la Armada destinado en Ferrol, Javier González Bouzada; para quienes el fiscal pide las mayores penas, un total de 11 años y 3 meses por un delito contra la salud pública.

Según el escrito presentado por el Ministerio Fiscal, los ochos acusados se venían dedicando al tráfico de cocaína y hachís. Así, se pudo constatar que, según el Ministerio Público, el 2 de abril de 2007 Javier González Bouzada, vecino de Vilanova de 35 años; y Daniel Meaño Cores, vecino de Ribadumia de 33; concertaron con Javier Ferreiro Vázquez (guardia civil asturiano destinado en el País Vasco) la venta a este último de cinco kilos de cocaína de una alta riqueza (un 78%) y valorada en el mercado en 475.000 euros.

Para ello, el cabo de la Armada supuestamente realizó las labores de intermediario desplazándose esa tarde a un hostal situado en la carretera entre Pontevedra y Vilagarcía, en Curro, en el que se hospedaba el guardia civil. Según el fiscal, allí tenía concertada una cita con Javier Ferreiro "para recoger el dinero" con el que este último abonaría los cinco kilos de droga. Añade el Ministerio Público que posteriormente este intermediario se citó en una gasolinera de la Vía Rápida de O Salnés con Meaño Cores, a quien entregó el dinero recibido del guardia civil.

Inmediatamente después, indica el Ministerio Público, González Bouzada regresó en coche al hostal de Curro con el objetivo de "hacer entrega de la cocaína" a Ferreiro Vázquez pero no llegó a su destino al ser interceptado por los agentes de la Policía Nacional que le ocuparon, en el asiento trasero del coche, una bolsa que contenía los cinco paquetes de un kilo cada uno con la droga, además de 3.250 euros en billetes.

Unos instantes después era detenido el guardia civil que todavía esperaba por el intermediario en la habitación del hostal y donde guardaba otros 16.400 euros que, siempre según el fiscal, formaban parte del "precio convenido por la cocaína".

Ese mismo día, sobre las 20.30 horas, caía en manos de los agentes de la Policía Nacional el supuesto vendedor, el funcionario provincial Daniel Meaño Cores, quien portaba una nota manuscrita "con las anotaciones del dinero entregado a cambio de la cocaína vendida", explica el fiscal.

Asimismo, en el registro de su domicilio se ocuparon 142.000 euros que, para la acusación pública, son fruto de las actividades de tráfico ilícito de estupefacientes que practicaba y, en concreto, de esta venta de cinco kilo de cocaína. En el operativo fueron intervenidos tres vehículos, entre ellos un Audi del funcionario provincial a quien se suspendió de empleo y suelo horas después de que se conociese su detención.