Mexillón de Galicia rechaza devolver los 1,2 millones de euros "indebidamente percibidos"

Como se ha explicado en los últimos días el informe auditor habla de una situación de "quiebra técnica" e incluso de "un nivel de endeudamiento excesivo" del CRMG que puede provocar "dificultades para atender sus deudas a corto plazo" y puede generar "una situación de insolvencia que dé lugar al sobreseimiento de pagos".

Sin embargo, el pleno del CRMG, presidido por Francisco Alcalde, opina que "SACE determina la necesidad de devolver casi 1,25 millones de euros procedentes de ayudas públicas y fondos de convenios sin ninguna clase de investigación documental, comprobación o razonamiento lógico".

Y entienden en el Consello que si la devolución de esos 1,25 millones no está justificada y no se produce, tampoco hay razón objetiva alguna para hablar de "quiebra técnica", ya que creen que en cualquier caso ésta, en el supuesto de existir, sólo se produciría a partir de la temida devolución de lo "indebidamente percibido".

Pero en SACE consideran que esta alegación se cae por su propio peso y se remiten a los informes de la auditoría que fueron puestos en conocimiento de la Administración, del Consello de Contas y del Tribunal de Cuentas.

El auditor dice, por ejemplo, que hay "gastos justificados que no son objeto de convenio/ayuda, gastos realizados fuera del periodo de vigencia de convenio y gastos no pagados, por cuanto no se pueden considerar gastos elegibles y justificativos de la aportación concedida".

Como reflejó FARO en los últimos días, la auditoría cifra en 1,3 millones de euros "el valor de los gastos no admitidos", y esto se corresponde a "una ayuda o aportación de convenio indebidamente percibida por el CRMG por valor total de 1.248.310 euros, que debiera reintegrar conjuntamente con los correspondientes intereses de demora".

En cualquier caso, en otra parte del informe se advierte de que aún no devolviendo esos 1,2 millones "la entidad no dispone de activos suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones".

El rechazo del Consello a la devolución de los 1,2 millones de euros se incluye en las alegaciones presentadas contra la auditoría, y también contra la empresa auditoria, pues el CRMG considera que "SACE realiza una auditoría de legalidad y otra financiera y de procedimientos" que en el primer caso constituye "una extralimitación con respecto al mandato recibido de la Consellería do Mar, ya que esta empresa carece de personal técnico-jurídico preciso para evaluar el cumplimiento de la legalidad en el ámbito de personal, contratación y ayudas y convenios de cooperación".

Frente a esto, el auditor considera que "es gratuito y carente de rigor" afirmar que se ha extralimitado, pues el encargo de la Consellería do Mar con fecha de 29 de octubre fue la realización de una auditoría "para conocer la situación financiera y patrimonial" del Consello.

Así las cosas, la auditoría financiera se marcó como objetivos "comprobar que las cuentas anuales aprobadas en los ejercicios 2008, 2007, 2006 y 2005 reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad".

A su vez, el informe económico-financiero del CRMG a fecha de 31 de octubre de 2009 fue encargado para "analizar y diagnosticar la situación económica y financiera, nivel de endeudamiento y cumplimiento del presupuesto".

Paralelamente se marcó el objetivo de "verificar el cumplimiento de la entidad a nivel de ejecución de los presupuestos para 2008, 2007, 2006 y 2005", como también se pretendía analizar y evaluar el sistema de control interno implantado por la entidad.

Dado que en sus alegaciones el CRMG cuestiona la capacidad de los auditores, SACE replica que "en lo relativo a nuestro nivel técnico no son los representantes del Consello los más indicados para evaluar a nuestro personal y a nuestro socio-director", a lo que se añade que SACE se inscribió en 1988 en el Registro Oficial de Auditoría de Cuentas, y desde entonces "hemos realizado innumerables auditorías del sector público y privado", tanto por encargo de la Xunta como de Concellos y entidades públicas.