Dos mujeres detenidas y seis hosteleros expedientados es el balance de la inspección conjunta que el pasado jueves realizaron en Vilagarcía efectivos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y de Inspección de Trabajo. Los agentes localizaron a seis mujeres que trabajaban sin el pertinente permiso ministerial y sin contrato en cuatro céntricos establecimientos hosteleros del municipio.

Como dos de ellas no tenían permiso de residencia en España, los policías procedieron a su detención para incoarles expediente de expulsión. Una de ellas era de nacionalidad brasileña y la otra, colombiana. La ley exige que se detenga a los inmigrantes ilegales y que el expediente de expulsión se inicie en presencia de asistencia letrada para garantizar sus derechos. Pero las dos mujeres apenas estuvieron en comisaría unas horas, los agentes enseguida dieron cuenta al juzgado y quedaron libres, a la espera de que la Subdelegación de Gobierno determine si procede o no a la expulsión. Si es así, se les facilitará una plaza de avión para que regresen a su país.

Las otras cuatro mujeres estaban legales en España. Una era ciudadana comunitaria y las otras tres, de origen sudamericano pero con permiso de residencia. De lo que carecían eran de contrato. Tres de ellas no tenían siquiera permiso de trabajo y por lo tanto no podían ser contratadas en nuestro país. La cuarta sí, pero para un sector distinto al hostelero y por lo tanto tampoco podía trabajar como camarera.

Para ellas la inspección policial supuso "únicamente" perder el empleo y ser advertidas de que no pueden trabajar si no tienen el permiso ministerial, pero no habrá sanción económica. Sus patrones, sin embargo se enfrentan a sanciones económicas que pueden alcanzar los 6.000 euros por cada trabajadora ilegal.

Fueron los agentes vilagarcianos los que tuvieron conocimiento de que había personas extranjeras que pudiesen carecer de permiso trabajando en varios locales de la ciudad. Así que avisaron a los funcionarios de Trabajo y realizaron una inspección conjunta. A las trabajadoras les pedían el pasaporte y al hostelero el permiso de trabajo de sus empleadas.

Hubo casos en los que se demostró la perfecta regularidad del contrato. En los seis que no, se levantó un acta policial que, en virtud de la Ley de Extranjería, supondrá una multa al empresario. Queda por saber la cuantía exacta.

El contrato tiene que ser autorizado por Trabajo

Un extranjero puede entrar en un país comunitario, incluido España, con un visado de su consulado que le permite estar tres meses aquí si demuestra que tiene dinero para mantenerse y que por tanto no recurrirá ni a la indigencia ni a actos delictivos. Pero para trabajar se necesita un visado especial. Hay quién, aún persiguiendo este objetivo, entra como turista y después trata de pedir permiso de residencia y también a Inspección el de trabajo. Para ello necesita ciertos requisitos como precontrato, estancia legal durante un mínimo de tiempo o arraigo familiar.

El departamento que lidera José Manuel Lorenzo ya realizó con anterioridad expedientes en otros locales, sobre todo de hostelería, para hacer cumplir la ley.