Abad explicó que mantendrán reuniones a nivel local, provincial y autonómico con todas las autoridades competentes en el tema para garantizar un mayor control: "Nos reuniremos con el concejal de Comercio, iremos a la delegación de trabajo, a Comercio, a Aduanas, a la Guardia Civil, a la Dirección General de la Seguridad Social y a dónde haga falta para atajar este grave problema".

Cree que la denuncia es la única fórmula para conseguir logros: "La prueba está en los vendedores africanos que trabajan en el mercadillo ambulante. Gracias a nuestras denuncias el 80% está dado de alta en la Seguridad Social".

Pérez advierte que el sector no asumirá el "fraude" de sus competidores: "Tienen una plantilla de siete u ocho personas, con solo uno o dos españoles y en condiciones muy precarias. Del resto, sólo uno, el de caja, está dado de alta. Y ese, como el IVA, es dinero que no ingresa el Estado".