Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias, Bloque, PSOE y otros partidos, sindicatos y colectivos de toda Galicia vienen repitiendo desde hace años la necesidad de poner fin a la situación actual del sector vitivinícola. Ahora, ante la nueva etapa abierta en la Xunta, está por ver de qué modo se encauzarán las negociaciones para lograr un reparto más equitativo de los beneficios generados por el sector. A la espera de acontecimientos, Unións Agrarias incide en que la industria "se queda con el 450% del beneficio cuando comercializa el vino de la Denominación de Orixe Rías Baixas, y mientras tanto el viticultor cobra poco y con un año de retraso".
La formación sindical asegura que en 2004 cada viticultor recibió entre 0,50 y 1,10 euros por kilo de uva.
Tomando como referencia esa segunda cantidad, Unións Agrarias explica que el coste en bodega fue de 1,70 euros por botella, y que cada una de ellas alcanzó un precio medio lineal en el sector de la alimentación de 9,35 euros, es decir, el margen de beneficio fue de un 450% para la industria con los vinos de Rías Baixas.
También en este sindicato insisten ahora en la necesidad de una Mesa de Precios que garantice la recogida de uva a todos los viticultores, un precio digno por esa uva, el pago inmediato de la misma y el uso del modelo de contrato tipo aprobado recientemente por el Gobierno central.
