Venezuela finaliza el 2020 instalada en la crisis política con la que comenzó el año, agravada por la situación de pandemia, el desgaste de la población azotada por el bloqueo económico y cansada de las protestas en la calle, la división entre los partidos de la oposición y del chavismo y acusaciones cruzadas de narcotráfico, terrorismo, censura, persecución militar y hasta de un intento de golpe de Estado.
Las elecciones del pasado 6 de diciembre que devolvieron al chavismo el control de la Asamblea Nacional no despejan dudas sobre quién es el presidente legitimo del país a ojos de la comunidad internacional. Nicolás Maduro se alzaba con el único poder del Estado que estaba en manos la oposición desde 2015, con Juan Guaidó al frente, a quien casi 60 países, entre ellos España y Estados Unidos, reconocieron como presidente interino legítimo. Pero el resultado de los últimos comicios, en el que la participación fue del 31% y el partido bolivariano se impuso por un 67% de los votos, mantiene el bloqueo político. Ni la oposición al chavismo, que llamó a la abstención por considerar que no se cumplían las condiciones necesarias para votar libremente y anunciaban un “fraude electoral” ordenado por el mandatario chavista, ni la propia UE reconocen que los resultados reflejen la voluntad de los venezolanos.
El año comenzó con dos parlamentos, hasta tres si contamos con la Asamblea Nacional chavista, que desde el 5 de enero tuvo dos presidentes: el opositor disidente Luis Parra, reconocido por el oficialismo de Maduro que aseguraba haber conseguido el apoyo necesario de los diputados, y Juan Guaidó, que negaba la legitimidad del anterior esgrimiendo que en la sesión de “auto proclamación” de Parra se había votado a mano alzada y no había el quórum necesario de diputado. Posteriormente Guaidó juraba su cargo ante el centenar de diputados afines en una tensa jornada en la que los militares trataron de impedir su acceso al recinto, pero no era reconocido por el gobierno oficial de la república dirigido por Maduro. Este mandatario contó una vez más con el apoyo internacional de Cuba, China y Rusia, principalmente, mientras que Guaidó siguió siendo reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y aliados regionales como Colombia o Brasil.
A finales de enero el líder opositor al chavismo iniciaba una gira por diferentes países con el reto de unir a la oposición, afianzar su liderazgo y reavivar la protesta en las calles, mientras Maduro apostaba por desgastar desde el poder a su principal rival y estrechar el cerco legal para poder neutralizarlo.
La llegada de la pandemia no apaciguó la pugna entre ambos bandos. Mientras desde el gobierno de Estados Unidos se planteaba a finales de marzo una marco de transición democrática para Venezuela que descartaba no solo a Maduro sino también a Guaidó, el departamento de Justicia estadounidense formalizaba una acusación de tráfico internacional de drogas contra Maduro y la cúpula del régimen.
El 3 mayo las autoridades venezolanas interceptaban dos intentos de intervención marítima en los estados de Araua y La Guaira, cercanos a Caracas, en los que murieron ocho personas y fueron detenidas otras 18, entre ellos dos exmilitares estadounidenses que, según las pruebas difundidas por el gobierno venezolano, tenían orden de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas para enviar a Maduro a EE. UU. Días después un asesor político de Guaidó, Juan José Rendón, admitía a la CNN haber firmado un contrato para que se llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno.
La batalla por deslegitimar a la oposición chavista se libró también en los juzgados con la anulación de la presidencia parlamentaria de Guaidó por parte del Tribunal Superior de Justicia venezolano y la petición de Fiscalía al Supremo de determinar si el partido Voluntad Popular es “una organización terrorista culpable del golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez en 2002, hasta la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela y la incursión mercenaria del 3 de mayo de 2020”. Ello supondría la disolución de la organización política liderada por Leopoldo López, quien a finales de octubre abandonaba la residencia el embajador español en Caracas, en donde se mantenía en calidad de huésped desde abril de 2019, y salía de Venezuela por la frontera con Colombia.
