La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la actuación de los tribunales españoles en el caso de José Antonio Fernández Martínez, un sacerdote casado y con cinco hijos que fue despedido como profesor de religión en 1997. Fernández, que enseñó Religión en varios institutos de Murcia, se ordenó cura en 1961 y en 1984 pidió un dispensa del sacerdocio, concedida 13 años después, para casarse por lo civil en 1985.
El demandante alegó que la no renovación de su contrato se produjo después de que una foto con su familia se publicara en la prensa murciana en 1996 para ilustrar una información de un acto del Movimiento Pro Celibato Opcional, del que era miembro. El Tribunal de Estrasburgo estimó hoy por 9 votos a favor y 8 en contra que, al hacer pública su situación familiar y participar en un "acto de protesta", el demandante "rompió el lazo de confianza necesario para llevar a cabo las tareas de las que era profesionalmente responsable". Según la sentencia de la Corte europea, la no renovación del contrato perseguía "el fin legítimo de la protección de los derechos y libertades de la Iglesia católica [...] para elegir a las personas habilitadas para enseñar la doctrina religiosa".
"No parece que la autonomía de la Iglesia se haya invocado con abuso", dijo el fallo.
