España tiene un problema muy importante para garantizar la suficiencia financiera del sistema de pensiones. Para que el sistema de pensiones permita garantizar una jubilación digna a los trabajadores, es necesario generar los ingresos suficientes para el mantenimiento autónomo del sistema.
Para que esto se produzca son necesarios dos requisitos. El primero, que exista suficiente población potencialmente activa (ocupados y parados). El segundo, que la población activa encuentre un trabajo que permita asegurar unas condiciones adecuadas de cotización. En la actualidad no se cumple satisfactoriamente ninguno de estos dos requisitos.
En primer lugar, el peso de la población inactiva, especialmente por razones de edad, sigue creciendo. En segundo lugar, el nivel de desempleo, con una tasa del 22% sobre la población activa, es inaceptable económicamente, y el poco empleo que se está generando a no es calidad. La sobre cualificación y el subempleo se encuentran a la orden del día. Los informes de vida laboral de muchos trabajadores cada vez tienen más hojas, como consecuencia de la tasas de temporalidad. Ya no es que tengan un empleo por meses, sino que ahora se cuenta por semanas e incluso por días (informes de vida laboral al peso).
Centrándonos en el impacto económico del proceso de envejecimiento de la población sobre las pensiones, es evidente que las consecuencias ya se están haciendo notar. En estos momentos un trabajador tras haber cotizado, al menos, 35 años para poder percibir una prestación contributiva, puede llegar a percibir una pensión, por término medio, durante 17 años. Esto significa que se cobra una pensión durante seis meses por cada año trabajado. De seguir con esta tendencia, en 2050, el 16% del PIB español se destinará al pago de las pensiones (casi tres veces más que el gasto público en educación en 2014).
Según estimaciones del INE, la población de 65 o más años pasará de los 8,2 millones en la actualidad a los 15,3 millones en 2049, mientras que la población total registrará un ligero repunte, en poco más de 500.000 personas. En este escenario el peso relativo del colectivo de 65 o más años, pasaría del 17,4% al 31,9%. Algo parecido sucederá con la población de 65 a 79 años, al pasar del 12,1% al 20,2%. Incluso la población de 80 años y más pasaría del 5,3% al 11,8%. Atendiendo a estas cifras cada vez habría más inactivos y, previsiblemente más pensiones contributivas, además del potencial incremento de las pensiones no contributivas, debido a los menores períodos de cotización.
Lo anterior si bien es grave, no lo sería tanto si las horas trabajadas registrasen un aumento que compensase este incremento de los inactivos. Siguiendo de nuevo al INE, en el tercer trimestre de 2008, cuando la crisis económica era una realidad, el número de horas trabajadas era casi de 8,5 millones. En el tercer trimestre de 2014 supusieron 7,2 millones, lo que recoge una pérdida de 1,3 millones de horas entre estos dos trimestres.
Para Galicia la situación es más preocupante. La tasa de actividad de la población gallega es una de las más bajas a nivel nacional. Sin duda, la importancia poblacional del colectivo de 65 y más años está detrás de esta situación. En enero de 2014 residían en Galicia más de 648.000 personas de 65 o más años (23,6% de la población); el porcentaje de 70 y más años suponía el 17,5% y el de 75 o más era del 12,7%. Paralelamente las tasas de natalidad en Galicia eran de las más reducidas a nivel nacional; situación contraria se daba con la tasas de mortalidad.
El índice de envejecimiento demográfico (población de 65 o más años entre población menor de 20) en Galicia se sitúa en 149, diez puntos más que hace solo 6 años, llegando a suponer casi 230 en la provincia de Ourense, que tiene un gravísimo problema poblacional, que no se ha sabido corregir. Finalmente el índice de recambio (población entre 60 y 64 años entre población de 20 a 24) es de 161, un indicador casi 50 puntos superior al obtenido hace 6 años. La forma de la pirámide poblacional es la responsable de este resultado, ya que cada vez más un número menor de personas jóvenes tienen que soportar un peso poblacional superior de personas de más edad. Con estas cifras no es de extrañar que en Galicia el ratio de afiliados a la Seguridad Social entre pensionistas haya caído del 1,42 en 2008 al 1,16 en 2014. En alguna provincia ni tan siquiera es ya la unidad.
La consecuencia de todo esto es evidente. O se mejoran rápidamente las condiciones laborales o la situación financiera de la Seguridad Social será grave a corto plazo. La cuestión no es baladí. Nos jugamos nada menos que el futuro de nuestro sistema público de pensiones.
