30 de noviembre de 2016

Cifran en 1,1 millones de euros y 80 comunidades el alcance de la supuesta estafa de Bautista Administradores en Vigo

El escrito pericial del juzgado rebaja levemente los 1,2 millones que reclaman las comunidades denunciantes

30.11.2016 | 18:00

La supuesta estafa de la empresa Bautista Administradores, cuyos responsables están siendo investigados por la apropiación de fondos de más de 80 comunidades de propietarios en Vigo, se cifra en 1,1 millón de euros, según un informe pericial del juzgado.

En el marco de esa causa, que instruye el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, están siendo investigadas varias personas, entre ellas, el responsable de la firma, Rafael Bautista, y su hija. El caso estalló en 2013 por las denuncias de varias comunidades de propietarios de la ciudad olívica, que descubrieron que faltaban fondos de sus cuentas, o que tenían deudas de suministros que, en teoría, la empresa de Bautista ya había abonado.

Según un informe encargado por el juzgado a un economista auditor, pese a que las comunidades denunciantes reclaman algo más de 1,2 millones de euros, la cantidad supuestamente desviada, que se puede acreditar con documentos y pruebas, es algo inferior: 1,1 millón de euros.

En dicho informe, el perito señala que el principal investigado y su empresa utilizaban varios mecanismos para, supuestamente, apropiarse del dinero de las comunidades de vecinos: en unas ocasiones emitían dobles facturas por un mismo concepto, en otras, desviaban directamente dinero de las comunidades a una cuenta personal del propio Bautista.

Duplicidad de recibos
En todo caso, ya en noviembre de 2014, en una comparecencia en el juzgado, el propio gestor de fincas reconoció la duplicidad de recibos y retiradas de dinero indebidas. No obstante, en ese momento, se desconocía el destino de ese dinero, puesto que la familia se había declarado insolvente y no había bienes importantes susceptibles de embargo.

La instrucción de la causa continúa y, dada la gran cantidad de afectados, es posible que todavía alguna de las partes (o la propia Fiscalía o el juzgado) solicite alguna diligencia más. Aunque todavía no se ha cerrado la investigación, fuentes conocedoras del caso han señalado a Europa Press que los posibles delitos por los que se podría procesar a los investigados son, al menos, apropiación indebida y/o estafa, y falsedad documental.

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