25 de noviembre de 2016

El juez deja libre a un hermano de Sinaí Giménez por su problema de obesidad

Adopta la decisión en contra del criterio del fiscal - Ve cierto riesgo de fuga, pero aprecia arraigo y que "parece haber desaparecido" el peligro de extorsión

25.11.2016 | 02:25
Marino Giménez, en el juzgado. // G. Núñez

En contra de la opinión del fiscal, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas, David Pérez Laya, ha dejado en libertad provisional, con obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces fuese llamado a declarar, a Marino Giménez, hermano de Sinaí Giménez, del clan de los Morones. Permanecía en la cárcel de Teixeiro desde mayo y para su excarcelación ha resultado clave el informe forense que llegó al tribunal esta misma semana, aunque el juez en su auto lo considera "otra circunstancia más que debemos tener en cuenta".

En el informe se hacía mención a que Marino Giménez padecía de obesidad mórbida, "con problemas secundarios de esta patología: apnea del sueño con necesidad de supervisión y control para su higiene, dormir y, sobre todo, debe acudir a un servicio de endocrinología o medicina interna para valorar el tratamiento adecuado". Marino Giménez está acusado, entre otros delitos, de pertenecer a banda organizada, blanqueo de capitales, amenazas y tráfico de drogas y extorsión.

El juez señala, en el auto de libertad dictado ayer, que existe cierto riesgo de que Marino eluda la acción de la justicia. Pero, tras señalar que la causa se prevé "de relativa complejidad y duración", considera que el "arraigo familiar del investigado" minimiza ese peligro de fuga.

Pérez Laya apunta que la prisión provisional respondía a la existencia de un riesgo de reiteración delictiva o a que el investigado pudiese actuar contra la vida o la integridad física de los "zamoranos", pero el hecho de que la defensa de los testigos y perjudicados no se oponga a su libertad mermó este riesgo.

Diferente opinión mostró la Fiscalía, que sostuvo tras ver el informe del forense, que "no se constata la existencia de peligro grave para la salud del investigado, de modo que aunque no lo solicita expresamente no se daría el presupuesto que habilitaría para adoptar la modalidad de prisión provisional domiciliaria". El Ministerio Público mantuvo que debería seguir encarcelado.

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