El empresario y asesor financiero de Vigo acusado de quedarse con 3,8 millones de euros que una empresa granitera presuntamente le confió en cantidades fraccionadas a lo largo de una década para que las depositase en cuentas en Portugal asociadas a su vez con cuentas offshore en paraísos fiscales negó ayer haberse apropiado de ese dinero y calificó la situación en la que se vio "envuelto" de "montaje". Tras la fase de cuestiones previas y de proposición de prueba que ocupó buena parte de la mañana, la declaración de Ángel N-T.L. centró la primera de las cinco jornadas reservadas en la Audiencia viguesa para este juicio. El procesado declaró que él se limitó a "entregar" todo el dinero que le fueron dando en una sucursal de un banco en el país vecino, en Valença do Minho, pero rechazó que tuviese "poderes" para ingresarlo él mismo en las cuentas bancarias, sobre las cuales, señaló, no tenía ni "facultad" ni "conocimiento".
La vista se celebra esta semana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. La fiscal pide que el empresario sea condenado a 7 años y medio de cárcel y multa de 3.600 euros como presunto autor de un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles en concurso con estafa -o alternativamente delito continuado de apropiación indebida-. También demanda que, con la responsabilidad civil subsidiaria de la asesoría que gestionaba, indemnice a la empresa la cantidad objeto del litigio: son en total 3.838.587 euros.
El Ministerio Público sostiene que el acusado, como asesor financiero de la empresa, recibió en el despacho de su asesoría de la plaza de Compostela entre 2000 y 2010 cantidades que sumaron 3,8 millones. El dinero, expone la fiscal, se lo entregaba el gerente de la mercantil "siguiendo órdenes" del socio y administrador de la misma, con el objeto de que lo depositase en las cuentas abiertas a nombre de este último en la Caixa Geral de Depósitos de Portugal, asociadas a su vez a cuentas offshore de Madeira y Macau. La Fiscalía señala que el dinero precedía de los beneficios que la empresa obtenía de su actividad en España y en el extranjero: con este proceder de desviarlo a paraísos fiscales no lo declaraba a la Agencia Tributaria española eludiendo así las responsabilidades fiscales derivadas del pago de impuestos, si bien la referida firma acabó regularizando su situación tributaria en 2011.
El acusado, que se negó a responder a la acusación particular, rechazó que se hubiese apropiado del dinero. Tras relatar que comenzó a trabajar con la referida empresa a finales de 2000 para ofrecerles asesoramiento fiscal, precisó que hizo esas entregas de dinero en una sucursal de un banco en Valença con la creencia que no eran ganancias de la firma, sino que procedían de "operaciones mercantiles" de su administrador en relación con su "actividad empresarial" con firmas radicadas en Suiza. "Me encargué porque era un tema suyo personal", dijo, agregando además que el dinero no le era entregado en su asesoría, sino ya en Portugal.
La operativa, explicó, consistía en que el gerente de la empresa la daba el dinero en un coche y él lo entregaba en el banco. "En la sucursal ya me hacían una señal para que pasase a una habitación", señaló, agregando que, aportadas las cantidades, allí la contaban y él firmaba un recibí "en blanco" ya que debía haber un segundo control de esas cuantías para garantizar que no hubiese billetes falsos. El acusado señaló que su función se limitaba a realizar esas "entregas", pero que ni conocía ni tenía ningún poder sobre las cuentas, rechazando además que hubiese asesorado al empresario sobre cuentas offshore o paraísos fiscales.
Además de asesoramiento fiscal, en la época de los hechos Ángel N-T.L. administraba varias empresas, justificando que el patrimonio adquirido responde a sus ingresos lícitos y a la concesión de préstamos - en el informe policial, puntualizó, se olvidaron de las "hipotecas-. Indicó además que su suegro dejó a su esposa, a través de donaciones y en herencia, inmuebles y dinero que suman un elevado valor económico. La Fiscalía sólo pide la responsabilidad civil de la asesoría del acusado, pero la acusación particular la amplía a otras siete sociedades, si bien no concreta el "lucro" que les atribuye: una de ellas es una firma a la que en 2010 una sociedad del acusado vendió dos de las fincas del actual Pazo de Cea (Nigrán).
Cuestiones previas
De forma previa al interrogatorio fue la fase de cuestiones previas. El abogado del imputado, entre otras cuestiones, alegó la falta de capacidad procesal de la acusación particular ya que la persona de la empresa que formuló la querella no tenía un poder especial, dijo, para hacerlo. Un cuestión que fue rechazada por el tribunal. La acusación particular, mientras, aportó un informe sobre "el ingente patrimonio" con el que supuestamente se fue haciendo el acusado, así como una sentencia en la que se le condenó a un año de cárcel en mayo por un fraude fiscal de 436.000 euros, fallo sobre el que la defensa dijo que fue recurrido y no es firme.
