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Los padres del batería de Los Piratas piden cuatro años de prisión para el guardia civil

La acusación particular ejercida por sus progenitores se une a la de la viuda y considera al agente autor de un delito de homicidio por imprudencia

La acusación particular ejercida por los padres del batería de Los Piratas, fallecido el 26 de agosto de 2015 a consecuencia del disparo de un guardia civil que alegó usar el arma por defender a un compañero, ha solicitado cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para el agente.

En su escrito presentado ayer ante el Juzgado de Instrucción 2 de Ponteareas, considera al agente autor de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave. Entre otras cuestiones, esta parte sostiene en el citado escrito que se trató de un "sorprendente y sorpresivo disparo" efectuado por el agente imputado ya que éste lo realiza encontrándose a "varios metros de distancia de la víctima", sin sufrir "peligro alguno" y portando además "un chaleco antibalas" como medio de protección.

Se recoge también en el escrito, a tenor de los disparos, que fueron dirigidos a "zonas vitales del cuerpo, no al aire en primer término con el fin de asustar". Tildan la actitud del agente como "negligente, precipitada e imprudente".

Los letrados de los padres también reclaman una indemnización de 40.000 euros para cada uno de los progenitores, 15.000 euros para el hermano del batería y 180.000 para viuda e hijo del músico fallecido.

Este escrito emitido por la acusación personal de los padres de Javier Fernández, se une a la presentada con anterioridad por su viuda en el que también solicitaban la condena a cuatro años de cárcel y 6 de inhabilitación para el guardia civil al considerarlo autor de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave. Argumentaban en el escrito que Javier Fernández no constituía ningún peligro ni para su mujer ni para su propio hijo, por lo que el proceder del guardia no era necesario. Al formular acusación los familiares del fallecido, el caso llegará a juicio a pesar de que la Fiscalía haya pedido su archivo. Considera que la actuación del agente está amparada, entre otras razones, en la legítima defensa al estimar que los hechos no constituirían un delito de homicidio imprudente; algo que no comparten las acusaciones particulares.

La juez ve indicios de delito

Ya finalizada la investigación judicial, la magistrada emitió pasadas con anterioridad a la presentación de los escritos, un auto en el que concluyo que sí exisen indicios de criminalidad con respecto al agente, al que atribuye la autoría de un delito de homicidio por imprudencia grave.

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