Dos funcionarios de Aduanas y dos empresarios, condenados por el fraude del gasóleo

La estafa, de unos 20 millones, se cometió entre 1999 y 2000

28.07.2016 | 01:55
Los cuatro condenados, sentados en el banquillo. // Gustavo Santos

Los últimos cuatro acusados del fraude del gasóleo que seguían defendiendo su inocencia han sido declarados culpables por seis delitos contra la hacienda pública y otro de falsedad. Se trata de los funcionarios de Aduanas José Carrón González y José Ángel Corcoba Conde y los hermanos Jesús Ángel y Juan Castro García, responsables de la empresa estradense Carburantes Acibro, ya desaparecida.

La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra retomaba a mediados de marzo el juicio por el denominado macrofraude del gasóleo, que ha finalizado con una sentencia en la que se condena a los dos empresarios a un año de prisión por cada uno de los seis delitos contra la Hacienda Pública, con un total de seis años. Por su parte, los funcionarios han sido condenados a ocho meses de prisión por cada uno de los seis delitos a la Hacienda Pública que cometieron y un año más por un delito de falsedad. Se daba la circunstancia de que José Carrón González era jefe territorial en Pontevedra del Servicio de Vigilancia Aduanera, SVA. Los hechos juzgados se remontan a los años 1999 y 2000 y supusieron un fraude de unos 20 millones de euros.

Con estas últimas sentencias se pone fin a un caso cuyo primer juicio comenzaba en noviembre de 2015 pero cuya instrucción se inició hace 16 años en Ferrol. El macrojuicio tuvo lugar contra 22 acusados, que inicialmente eran 23, un número que se redujo debido al fallecimiento de uno de ellos antes de que comenzase la vista. La Fiscalía les acusaba de un fraude de unos 20 millones de euros a Hacienda en la venta de gasóleo.

Entre los primeros condenados se encontraban doce que reconocieron los hechos que les imputaba el fiscal y aceptaron penas que iban desde multas hasta 19 meses de prisión en los casos más graves. Entre estos se encontraban tres mandos de puestos de la Guardia Civil de O Barbanza que asumieron una pena de multa y un año de suspensión como guardias civiles al reconocer haber cometido el delito que se les atribuye pero por imprudencia, al certificar unos repostajes de vehículos del Instituto Armado sin cerciorarse de que estos se hubieran producido.

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