El magistrado de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara ha puesto fin a la libertad bajo fianza de una de las organizaciones más activas del tráfico de cocaína en contenedores, la trama gallego-valenciana liderada por el saguntino Rafael Núñez Cencerrado, condenada hace dos años a penas que suman 121 años de prisión y multas por valor de 2.133 millones de euros. La Audiencia Nacional impuso entonces penas de entre 7 y 18 años de cárcel a 22 de los 43 procesados y absolvió al resto. La sentencia fue ratificada prácticamente en su totalidad por el Supremo hace dos meses.
Alfonso Guevara ha ordenado a las fuerzas de seguridad la búsqueda, detención e ingreso en prisión de 16 de los 22 condenados por introducir en el año 2009 un alijo de 800 kilos de cocaína entre gambas congeladas por el Puerto de Marín; otro alijo de más de 500 kilos por el Puerto de Valencia y una partida que fue intervenida en Madrid hasta completar un total de 1.500 kilos de droga. Los afectados por esta orden seguían en libertad bajo fianzas de entre 15.000 y 75.000 euros, mientras que algunos de los colombianos condenados en la misma operación por su vinculación con dos laboratorios de droga desmantelados en Madrid están ya en prisión por otras causas.
El auto de ejecución de la sentencia dictado la semana pasada, que incluye la orden de detención e inmediato ingreso en prisión de los reos, una medida poco habitual que persigue dificultar la fuga de los penados, pero que a estas alturas no sería efectiva en algunos casos, como el del cabecilla, que hace tiempo que se habría fugado..
La organización de Cencerrado, considerada la mayor importadora de cocaína en España mediante contenedores procedentes de Sudamérica cuando fue desarticulada, llegó a negociar el alquiler de un narcosubmarino para transportar los alijos mientras la Policía Nacional les investigaba. Gallegos y colombianos obedecían al "capo" valenciano, detenido en un chalé de Carril en Vilagarcía donde pasaba sus vacaciones para dar rienda suelta a su adrenalina al volante de coches lujosos y potentes motos náuticas. En el registro de su domicilio fueron intervenidas varias armas, de fuego por eso a los 16 años de cárcel pro narcotráfico, suma 2 años por tenencia ilegal de armas.
Además del cabecilla levantino, las ordenes de detención e ingreso en prisión dictadas ahora incluyen a casi toda la rama gallega, entre los que figuran el abogado vigués César P.M.; el empresario coruñés Roberto M. P. (que prestó su empresa en el polígono coruñés de Pocomaco como tapadera para la importación de las gambas congeladas entre las que se ocultaba el alijo que entró por Marín); el guardia civil Francisco Estévez; el vilagarciano Miguel Ángel Novas y José Daniel O.A. Todos ellos y el colombiano afincado en O Grove, Francisco Javier Valencia Jaramillo, han sido condenados a penas de 7 años de prisión y multa de 100.754.269 euros.
Algunos de los penados se han presentado por su propio pie estos días en los centros penitenciarios, mientas que otros han solicitado a través de sus abogados la suspensión de la medida a la espera de que se resuelva el recurso de amparo que han presentado. El magistrado Guevara advierte a los fiadores que permitieron a los narcos salir en libertad que si en diez días éstos no están en prisión perderán las fianzas. Además, ordena que el dinero en metálico intervenido, casi un millón de euros, pase al Plan Contra la Droga.
