El juicio continuará el lunes con solo cuatro acusados. Se trata de los hermanos Jesús Ángel y Juan Castro García, responsables de la estradense Carburantes Acibro, a quien el fiscal imputa la mayor parte del fraude que supuestamente sufrió la Hacienda Pública y que en el caso de esta firma sitúa en torno a los 15,4 millones, así como los funcionarios de Aduanas José Carrón González y José Ángel Corcoba Conde, el primero de ellos jefe provincial en Pontevedra de Vigilancia Aduanera y quienes eran los encargados de llevar a cabo las inspecciones en las empresas investigadas.
Todos ellos niegan los hechos, pero el fiscal los considera responsables de seis delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad (en el caso de los agentes del SVA como "cooperadores necesarios") por los que pide penas que suman 28 años de prisión en el caso de los empresarios y de 25 años para los funcionarios.n No obstante, la Fiscalía reconoció ayer que la dilación del proceso obligará a rebajar sensiblemente esta petición de condena de tal forma que se situaría en torno a los 7 meses de prisión por cada uno de los seis delitos fiscales y el de falsedad, además de fuertes multas. Exige la devolución del dinero supuestamente defraudado a Hacienda.
Aunque la Fiscalía reconoció que quince años para un proceso judicial es una dilación demasiado importante, justificó la demora en la complejidad de la trama. En el caso de una de las empresas que reconoció los hechos, Pousadoiro S.L., parte del fraude consistía en que el gasóleo que salía del Depósito Fiscal Forestal del Atlántico, en Mugardos, tenía como destino aparente una firma portuguesa y por lo tanto circulaba en régimen suspensivo, es decir, sin soportar ningún tipo de impuesto. No obstante, el gasóleo no llegaba nunca al país vecino.
