La simulación de una operación de comercio internacional de exportación de artesanía para camuflar el envío desde Colombia hasta el puerto de Vigo de un alijo de cocaína. Éste es el ilícito plan, finalmente fallido, que el fiscal antidroga de Pontevedra atribuye a los tres presuntos narcos que esta semana se sentarán en el banquillo de la Audiencia viguesa: el Ministerio Público pide para ellos penas que en total suman 35 años de cárcel y 3,6 millones de euros en multas.

Los acusados son J.R.S.N., colombiano de 48 años; J.P.R., natural de Vilanova de Arousa y de 63 años; y J.A.V.G., natural de Cáceres, de 50 años y al que le constan como antecedentes dos condenas por tráfico de drogas dictadas por tribunales alemanes que suman más de diez años de cárcel. Por el caso que ahora irá a juicio, los dos primeros afrontan cada uno 11 años de cárcel y multa de 1.200.000 euros, mientras que el cacereño, en el que concurre la agravante de reincidencia, se enfrenta a 13 años de prisión e idéntica sanción económica.

Los hechos, según relata la Fiscalía, se remontan a 2007, cuando los acusados se "concertaron" para traer desde Colombia en un contenedor de mercancía un alijo de cocaína que iba a ser introducido por el puerto de Vigo. Todo ello "aprovechándose de una infraestructura empresarial y simulando una operación de comercio internacional de mercancías", concretamente de exportación de artesanía. El colombiano y el vecino de Cáceres se encargaron supuestamente de contactar con la red colombiana suministradora de la droga; el arousano, mientras tanto, habría aportado su empresa de exportación e importación para posibilitar la entrada de la droga en España "oculta entre mercancía lícita".

El estupefaciente venía camuflado en macetas de barro. Pero en un control del contenedor por parte de la policía colombiana en el puerto de Cartagena de Indias se constató que en algunas de esas 1.824 piezas de artesanía había 392 kilos de cocaína. De esta cantidad se pudo extraer casi 9 kilos de esa droga reducida a pureza, valorada en más de 410.000 euros. El fiscal acusa de delito de tráfico de drogas agravado por ser cantidad de notoria importancia y por simularse una operación de comercio internacional entre empresas.