La gestión del ingente patrimonio decomisado al narcotraficante José Antonio Pouso Rivas, alias "Pelopincho", se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Estado y concretamente para el Plan Nacional sobre Drogas, organismo encargado de administrarlo con el objeto de sacar el mayor rédito posible para las arcas públicas. Así lo reconoce el comisionado en el informe anual, donde reconoce que "los resultados no están siendosatisfactorios".
El Estado no ha logrado hacerse todavía con la propiedad de 41 de los 57 predios decomisados a "Pelopincho" entre ellos pisos, locales, chalés, casas, fincas rústicas y hasta algún establecimiento hostelero.
