Cerca de 2.000 personas, sobre todo ancianos, extranjeros y discapacitados, han sido estafados por una red de falsos instaladores de gas que llegaban a cobrar entre 50 y 390 euros por supuestas revisiones y trabajos innecesarios, aunque de alguna víctima llegaron a lograr 2.500 euros. La red delictiva desarticulada por la Policía Nacional operó en ocho comunidades autónomas, entre ellas Galicia.
Hay 12 detenidos que crearon un entramado de 60 empresas que llegó a acumular una deuda con la Seguridad Social de casi 4 millones de euros. Los implicados gozaban de alto nivel de vida y contaban con numerosas propiedades en España, según la Policía, cuya investigación ha permitido el embargo de 227 cuentas bancarias, así como la incautación de 10 vehículos de alta gama.
