En septiembre de 2010, una operación de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Vigo desmantelaba un taller textil clandestino en la parroquia de Valladares donde supuestamente se explotaba laboralmente a ciudadanos de nacionalidad china. Tras más de un año de investigación judicial, el caso está próximo a juicio. La Fiscalía pide una pena de dos años de prisión y multa de 3.000 euros para el único acusado en la causa, un empresario chino, por presunto delito contra los derechos de los trabajadores, concretamente en la persona de un compatriota, el único de los empleados que denunció los hechos. El operativo fue el primero de estas características en la ciudad olívica, ya que hasta esa fecha no se había realizado ninguna actuación por explotación de trabajadores asiáticos en un taller de confección.

El juicio, que aún no tiene fecha, se celebrará en una de las salas de lo Penal de Vigo. La operación se llevó a cabo en septiembre de 2010, fecha en la que la Policía Nacional informó, en un comunicado oficial, sobre la detención de este empresario a raíz de descubrirse la existencia de un taller textil clandestino "que empleaba mano de obra china". Según esta misma fuente, se realizó una entrada y registro en una vivienda de Valladares donde se comprobó que la planta baja y superior estaban habilitadas como taller, "en donde se encontraba abundante maquinaria textil y doce ciudadanos chinos trabajando" –en la casa también vivían varias familias–. La comisaría relató que los empleados tenían jornadas laborales extenuantes –sin descanso ni días libres excepto cuando no había "tareas pendientes"– y dormían en "pequeños habitáculos hechos con paredes de aglomerado en un garaje en pésimas condiciones de habitabilidad". Los ciudadanos asiáticos viajaban desde China a España para trabajar en este centro de confección.

Aunque inicialmente la Policía identificó a doce empleados, solo uno de ellos denunció los hechos. El resto no quiso hacerlo ni en sus interrogatorios declararon que fueran víctimas de explotación laboral. Sin embargo, pese a esta situación, en el juicio serán claves las investigaciones realizadas por la Policía Nacional –además de los informes existe un vídeo– acerca del estado en que encontraron a los trabajadores cuando se realizó la intervención. El denunciante habría manifestado que trabajaban muchas horas seguidas y que no recibía un sueldo por la labor que realizaba ya que debía saldar una deuda.

La actividad textil que se realizaba en esta vivienda de Camino do Cañizo de Valladares no pasaba inadvertida entre los vecinos. Algunos residentes relataban, tras la operación policial, que sabían que en la casa vivían ciudadanos chinos y también que se dedicaban a la confección de ropa. "Las luces estaban encendidas día y noche y había movimientos de furgonetas con ropa", contaron. El empresario que ahora se tendrá que sentar en el banquillo quedó en libertad con cargos tras su detención en 2010. El juez ordenó entonces la retirada de su pasaporte y su comparecencia periódica en sede judicial. La causa fue archivada contra otros dos imputados.