Las autoridades de Malí han procesado al expolicía pontevedrés Miguel Ángel Devesa Mera, de 40 años, como presunto cabecilla de la red de narcos de la ruta africana de la cocaína que opera en el país. Le vinculan directamente con el denominado caso "Aire Cocaine" , un Boeing 727 que apareció calcinado en el desierto en 2009 tras descargarse de su interior diez toneladas de cocaína procedentes de Venezuela para su posterior distribución a Europa, según manifestó a los medios malienses el pasado 7 de junio el juez Somber Théra.

Con Devesa Mer han sido procesados dos de sus presuntos subordinados, el portugués Souza Miranda y el venezolano Gustavo Valencia. Los tres fueron detenidos en octubre del año pasado en un polígono industrial de Bamako tras el asesinato del colombiano Juan Carlos García Soto, al que habían decapitado –tras pegarle un tiro– y estaban descuartizando con una sierra mecánica cuando los sorprendió la policía en un polígono industrial, según el diario L´Independence.

El exagente Miguel Ángel Devesa Mera, que estuvo destinado en la comisaría de Vigo primero y después en Madrid, fue expulsado de la Policía Nacional en 2002 tras varios expedientes disciplinarios. Su expulsión fue publicada en el BOE porque se encontraba "en paradero desconocido", según el edicto del Ministerio del Interior. Vinculado al tráfico de drogas, pero también de armas, y con contactos entre los clanes de narcotraficantes gallegos y colombianos, montó varias empresas en Vigo, si bien sobre ellas pesaban numerosos requerimientos, incluida la Agencia Tributaria.

Tras ser detenido en Bamako por el asesinato de García Somoza, quien le habría exigido el pago de más dinero según los medios de comunicación africanos, la investigación policial se amplió a los delitos de organización internacional de narcotráfico y de blanqueo de capitales. Devesa Mera, según la Policía maliense, llegó al país africano como un respetable inversor inmobiliario y de maquinaria, lo que daría cobertura a la importante organización internacional de narcotráfico. Montó su oficina en uno de los edificios más emblemáticos del país, si bien apenas pasaba por allí un par de horas al día, según explicó a la Policía el portero del inmueble.

Es la primera vez que Malí afirma oficialmente que el Boeing 727 –que los narcos quemaron a 200 kilómetros al norte de Gao tras descargar unas 10 toneladas de cocaína– transportaba drogas. Las autoridades están dispuestas a dar un escarmiento en la persona del gallego y los otros dos procesados y demostrar que pese a la corrupción y a las quejas de la DEA sobre la protección que dan a los narcotraficantes, hechas públicas en los informes secretos de Wikileaks, están dispuestos a juzgarlos.

El juez Somber Théra, responsable de la lucha anticorrupción en el país, admitió durante una comparecencia televisiva que el proceso sigue adelante "pese a las presiones" en la investigación del caso. Hace meses se habían denunciado presiones para liberar a los dos europeos, si bien el presidente de Malí Amadou Toumani Toure, "dio luz verde" al esclarecimiento de lo ocurrido, según manifestó a los medios africanos uno de los investigadores.