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Silva Sande, de camarada ejemplar a violador sanguinario y chivato

Con condenas que suman cientos de años de cárcel a sus espaldas por crímenes terroristas, el "arrepentido" jefe militar del GRAPO tiene en contra a sus compañeros de armas

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M.P. - VIGO Una década después del brutal atentado al furgón blindado de Vigo, en el que fallecieron dos guardas jurados y un tercero resultó herido junto a varios peatones, la Audiencia Nacional dejará el caso visto para sentencia esta tarde. La última palabra la tendrán los siete procesados. El ex jefe de comandos, el gallego Fernando Silva Sande, aprovechará previsiblemente la ocasión para ajustar cuentas con sus antiguos compañeros, especialmente con Manuel Pérez –"Camarada Arenas", secretario del PCE (r)– a quien culpa de ser el máximo dirigente de la banda y ordenar y planificar todos los atentados. La feroz enemistad que les enfrenta quedó patente en la sala. Silva fue el primero en declarar y después tuvo que soportar que los demás le cargaran con toda la responsabilidad.
¿Venganza de sus antiguos camaradas contra un "arrepentido" que ahora reniega del terrorismo y les tilda de secta, como sostiene su abogada Natalia Castro, o sus compañeros de armas le pasan factura en público por sus hechos del pasado?
Y es que el camarada ejemplar y respetado, jefe militar responsable de armar y coordinar los atentados terroristas del GRAPO, ha pasado a ser para sus antiguos subordinados un violador, sanguinario y chivato.
Silva Sande no compartió "pecera" de cristales blindados con los demás grapos durante el juicio, sino que lo sentaron en una silla frente al tribunal custodiado por dos policías nacionales para evitar conflictos. Justo detrás de él se situaban los dos únicos procesados que se encuentran en libertad provisional, José Luis Elipe, acusado de ser el falsificador de la documentación de la banda, y Esther González Ilarraz, la mujer que según su propio testimonio en el juzgado de instrucción y los de sus compañeros en el juicio oral en la Audiencia Nacional fue violada por Silva Sande y se quedó embarazada. El aborto posterior y las graves hemorragias padecidas llevaron a la mujer a exclamar ante el tribunal: ¡Llevo diez años intentado olvidar y no puedo ni hablar de ello!
Si Esther González pasó casi de puntillas por la agresión sexual de que habría sido objeto, no ocurrió lo mismo con Mónica Refojos y Martín Ponce. La primera, cuyo alias era "María" según los investigadores, expuso en la vista oral que a Silva Sande se le expulsó del GRAPO por la agresión sexual a una camarada.
Lo cierto es que ella misma pudo haber sido objeto de chantaje sexual por parte del jefe de comandos. Esther González, en su declaración a la Policía al ser detenida en 2006, manifestó que había coincidido en Vigo con "María", y que le contó lo ocurrido. Ésta le habría manifestado que no le pasaba a ella sola, sino que también era víctima, y que en situación similar se hallaba "Gema".
La "estrella" del jefe de comandos perdió su brillo en una acampada del año 2000 en los Pirineos franceses. Los grapos iban de jornadas de reflexión y se encontraron con que Esther González, compañera de Israel Torralba (que asumió en el juicio la organización y preparación del atentado de Vigo), le acusó de violación. y no era la única víctima de chantaje: Les ofrecía un buen puesto en la organización a cambio de sexo, o la expulsión si se negaban., según sus declaraciones.
Unos hechos que refrendó en el juicio que hoy concluye en la Audiencia Nacional Marcos Martin Ponce. Además de asegurar que Fernando Silva Sande era quien llevaba la escopeta recortada y que mató a los dos guardas jurados: "Se creía un cowvoy, habría ejecutado al tercer guarda jurado. La sangría la lleva a cabo él con la recortada", añadió que su antiguo comandante "tenía tendencia a abusar de su poder, violó a Esther y lo intentó con otras, por eso lo echamos. La expulsión es lo mejor que le pudo pasar porque en una organización revolucionaria a esa gente se la suele ejecutar".
Silva Sande, que en esta ocasión fue el primero en declarar, no tuvo oportunidad de replicar a sus ex camaradas. Pero lo hizo su abogada, Natalia Crespo, en el turno de conclusiones y también en los pasillos de la Audiencia Nacional. "Esther una procesada más en esta causa y se enfrenta a 152 años de cárcel, tiene que defenderse", asevera. Ya en la sala sostuvo que las agresiones sexuales no fueron tales, sino relaciones consentidas.
Considera que las denuncias de los grapos contra su antiguo jefe durante el juicio por el asalto al furgón de Vigo, obedecen a una venganza porque no perdonan que Silva Sande haya renegado del GRAPO. En una entrevista desde prisión a Crónica de El Mundo, el ex jefe militar aseveraba que "la militancia que yo he vivido no creo que se diferencie muchos de las sectas religiosas medievales". Cargaba también entonces las tintas contra "Camarada Arenas", cuyo poder afirmaba "llegaba incluso a decidir quien podía ser pareja de quien".
La sentencia del Tribunal Supremo que considera que el GRAPO sería el brazo armado del PCE (r) y como tal "Camarada Arenas" el máximo ideólogo, sitúa a Arenas y a Silva Sande al frente de una banda armada en cuya historia figuran casi un centenar de asesinatos, secuestros como los del presidente del Consejo de Estado Antonio de Oriol (1976), y el teniente general Villaescusa. Efectivos de las fuerzas de seguridad nutren el grueso de las víctimas de un grupo armado que se especializó en el asalto a furgones blindados para financiarse.
Silva Sande es el único grapo que reconoce ser también militante del PCE (r), dirigido por "Camarada Arenas". La primera acción que se le imputa es el robo de 16 pistolas y 3 subfusiles en el cuartel de Infantería de Santiago donde hacía la mili. Tras cumplir 11 años de prisión, en 1998 se reincorporó al GRAPO. Detenido otra vez, logró fugarse de la cárcel de Granada y huyó a Francia, donde se hizo cargo de Publio Cordón, secuestrado en Zaragoza y del que no volvió a saberse nada,. En noviembre de 2000 fue apresado por las autoridades francesas en París junto al "Camarada Arenas" y otros compañeros. La abundante documentación intervenida en sus domicilios se utiliza ahora como prueba de cargo contra ellos.

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