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El Gobierno estudia cambiar el GPS para evitar casos como el de Ponte Caldelas

Igualdad quiere que las pulseras sean multialarma y alerten a distintos dispositivos, incluso a familiares

 14:27  

El Ministerio de Igualdad está estudiando el "desarrollo tecnológico" de las distintas empresas que fabrican pulseras telemáticas de localización en busca de un sistema multialarma capaz de trasladar una emergencia de forma simultánea a los distintos dispositivos que se determinen, entre los que podría estar la policía o incluso los familiares de la víctima, según explicó hoy el delegado del Gobierno para Violencia de Género, Miguel Lorente.

Tal y como se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 21 de noviembre, el Ministerio de Igualdad ejecutará en 2009 un presupuesto de cinco millones de euros para contratar brazaletes de localización que mantengan a los acusados por delitos de violencia de género alejados de sus presuntas víctimas durante el proceso judicial. Según el informe aprobado, además de la protección de la mujer, el objetivo es que ella tenga pruebas físicas si hay quebrantamientos de la orden de alejamiento.

En concreto, Igualdad calcula que "entre 3.000 y 4.000 personas" son susceptibles de acabar llevando estas pulseras, similares a las que ya están funcionando en la Comunidad de Madrid, y que conectan al agresor con la víctima de forma que no sólo le mantienen alejado de zonas físicas como el domicilio, sino que le impiden acercarse a su persona, tal como explicó Lorente.

Según dijo, estos dispositivos, que podrían estar funcionando en abril o marzo de 2009, no tienen relación con el empleado en el caso de Pontevedra, un sistema GPS que utiliza Instituciones Penitenciarias para tener localizados a los reclusos que obtienen el tercer grado y mantenerles alejados de determinadas áreas físicas.

Por contra, los brazaletes de Igualdad, serán decretados por un juez "siempre con un razonamiento motivado y proporcional a la circunstancia que se intenta abordar", según explicó Lorente, quien incidió en que "son medidas que no las pone la Administración" sino el sistema judicial.

"Lo que se va a poner en marcha es un sistema completamente diferente, porque es para personas que no están condenadas a prisión", explicó Lorente. Según dijo, se trata de una "medida cautelar" dictada por un juez durante el proceso, sobre personas "que aún tienen presunción de inocencia" pero que se consideran "un riesgo objetivo" para la víctima.

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